La semana pasada el Gobierno recibió un informe del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas sobre la situación del sector público empresarial en España. En él se manifiesta la necesidad de racionalizar su dimensión y estructura y de controlar su actividad para garantizar la eficiencia de la actividad pública, sobre todo en estos tiempos de dificultades económicas. Dicho informe abarca las actividades realizadas por estos entes en todos los niveles de gobierno (estatal, autonómico y local).
Este informe va dirigido en concreto al sector público instrumental, ese conjunto de Organismos Autónomos, Agencias y Entes Públicos que han huido de la administración general con el objetivo de modernizar la gestión de algunos servicios públicos (en el Estado hay 84 entes de este tipo que gestionaban en 2011 cerca de 60.000 millones de euros); y al sector público empresarial, ese conjunto de empresas públicas, entidades públicas empresariales y otro tipo de entes públicos que ajustan su actividad a las normas privadas (en el Estado hay 79 sociedades, 3 entidades de seguros, 49 fundaciones, 10 consorcios, entes públicos de otro tipo, 12 fondos sin personalidad jurídica y 1 banco (sin contar con la cinco o seis cajas nacionalizadas o intervenidas) que manejan presupuestos de explotación y de capital por una suma aproximada de 40.000 millones de euros), todos ellos creados, en teoría, para gestionar actividades o servicios públicos o para ofertar bienes y servicios en competencia (¿…?) con el sector privado.
Como decía la referencia del Consejo de Ministros de esa semana “…. se incluyen medidas que pretenden frenar y reconducir la ‘huida del derecho administrativo’ que se ha producido en la gestión de los servicios públicos, en los últimos años…”, que tienen como objetivo “… garantizar el suministro de información con periodicidad, mensual o trimestral en función del nivel de cada una de las Administraciones, y contenido necesario para cumplir con las exigencias de la normativa europea y nacional en materia de estabilidad presupuestaria. Todo ello conforme al marco general establecido en la Directiva 2011/85 UE”.
Desde hace mucho tiempo venimos insistiendo en estas páginas sobre el desmadre administrativo producido en estos últimos años y sobre la falacia de los argumentos de esa huida (modernizar la gestión de los servicios públicos). En realidad son mera coartada técnica para tener más puestos que repartir a sus correligionarios (una ampliación del “spoil system”). Ya veremos si son capaces de llevar a la práctica las recomendaciones de este informe y recortar este tipo de organizaciones de forma semejante a lo que han hecho con la administración general del Estado (¿un 20%?).
Si en el Estado este tipo de organizaciones tienen dimensiones considerables, en las Comunidades Autónomas y Entidades Locales alcanza límites de autentica locura, como iremos viendo en días sucesivos.
Fotografía de Kennymatic
