El FROB, dependiente “de facto” del ministro de Economía Luis de Guindos, ha impuesto dos sanciones “ejemplares” a dos políticos metidos a banqueros en la quebrada Caja Castilla la Mancha: 23.000 euros al ex vicepresidente, Jesús Bárcenas, y 5000 euros al ex vocal y alcalde del PP en Tomelloso, Carlos Cotillas. Al ciudadano medio le da la risa y a los banqueros estas sanciones le hacen también cosquillas. En este contexto, con un país que necesita 100.000 millones de euros para sanear a sus bancos, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha asumido la denuncia presentada por el Banco de España, contra la cúpula del Banco de Valencia y ha preguntado a la Fiscalía si es competente para abrir una investigación penal.
En el procedimiento instruido en Valencia hay un total de 27 imputados, entre los que se encuentra el expresidente de Banco de Valencia y expresidente de Bancaja, José Luis Olivas, que también fue político y llegó a presidir la Generalitat Valenciana. En un principio, el juez iba a tomarles declaración el pasado 25 de abril, pero se suspendieron tras solicitarlo el Ministerio Fiscal, quien consideraba que no se disponía de suficiente documentación para comenzar con las declaraciones.
Por este motivo, Fiscalía pidió al juzgado que recabase documentación registral e informes a la entidad bancaria y a Banco de España. También solicitó libros de actas de Banco de Valencia, informes de las inspecciones realizadas por Banco de España a esta primera entidad, créditos concedidos y operaciones de compra/venta de acciones o de riesgo.
Esta misma documentación también fue requerida por Diego Muñoz-Cobo, letrado de la asociación de pequeños accionistas, en la querella que presentó en febrero con la adhesión de 137 accionistas que representan el 1% del capital de Banco de Valencia.
A esas dos acciones legales se unirá la acción social de responsabilidad que la junta aprobó que se ejerza contra el expresidente José Luis Olivas y Bancaja, contra el exconsejero delegado Domingo Parra y Bancaja Seguros, contra Antonio Tirado y Valenciana de Inversiones Mobiliarias, y también contra Aurelio Izquierdo, como exconsejero delegado y expresidente.
