El término con el que nos referimos a la teoría física que nos sirve para explicar el universo, no puede resultar más equívoco (relatividad), pues se basa en el reconocimiento de una “verdad absoluta”. A saber, la igual velocidad de la propagación de la luz medida en todas las direcciones. Todo lo demás ha de ser “relativo”, en el sentido de “referido”, a esta inamovible constante.   Monumento a la Constitución del 78 (foto: Livia!) Si hay algo que observamos con certeza, tomando el lugar de la velocidad-luz, es el omnímodo poder de los partidos políticos. Estas organizaciones, enquistadas en el estado, no pueden reflejar las inquietudes de la sociedad civil más allá de su propia voluntad partidista; y sí configurar, desde el poder, el tipo de sociedad que reverencie su hegemonía. En España, es el Estado lo que se nos pretende mostrar como plural, tratando de disimular su continuidad totalitaria, porque lo que salga de los españoles ha carecido y carece de oportunidad política tanto como ellos mismos de poder electivo. Lo que al final, eliminada toda retórica, nos queda, es la seudolibertad otorgada por la mera existencia de varios partidos estatales donde antes sólo estaba el Movimiento Nacional.   El pluralismo como principio estatal (artículo 6 de la Constitución de 1978) es algo tan falso como contradictorio. Para acomodarlo hubo que inventar el Estado Autonómico. Los partidos políticos no fueron unívocamente nacionales, provocando una situación de provisionalidad en el pacto fundacional del Estado, que  pudiera abandonarse para reclamar uno propio que respondiera a la nación particular. Si sólo se hubiera considerado la realidad de una única “nación histórica” por encima de proyectos partidistas, se hubiera roto el “pluralismo estatal”, constituyéndose entonces el “estado nacional español” y su salvaguarda institucional sobre la voluntad de la mayoría de los españoles, y no el autonómico del consenso de los partidos estatales. Nunca se trató de que la “Nación Española” configurara el “Estado Español” en un auténtico proceso constituyente con libertad política; sino de que las históricas fuerzas políticas, ahora legalizadas y subvencionadas, aceptaran un tipo de Estado que saliera de sus negociados aunque cuestionara el mismísimo hecho nacional, con tal de legitimar la Monarquía Juancarlista para dar una imagen externa que permitiera el ingreso en la CEE.