El político Artur Mas, el príncipe Felipe y el constructor Jorge o Jordi Rubau Comalada comparten el mismo Patronato. Se ven al menos una o dos veces al año -“cuando toca”, diría Jordi Pujol- y aprovechan las reuniones de la Fundación Príncipe de Girona. Y vaya si las aprovechan.
Este mismo año se destapó uno de los mayores casos de corrupción de la historia de Catalunya: el saqueo del Palau de la Música por Fèlix Millet y el uso de la institución para la presunta financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), que la policía dio por acreditada en su último informe, en el que afirma que Ferrovial financiaba al partido del president Artur Mas a través de la institución cultural.
Según las investigaciones de la periodista Eva Belmonte en la web “El BOE nuestro de cada día“, el contacto de Fèlix Millet en Ferrovial era Pedro Buenaventura, consejero director general de la empresa durante los años en los que ocurrieron los hechos. Cuando Buenaventura declaró en la comisión parlamentaria para negar las acusaciones, en julio de 2010, ya habían pasado cuatro años desde que abandonó el staff directivo de Ferrovial. En 2006, Rubau Construcciones le fichó como consejero delegado.
Eva Belmonte indica que “la investigación policial considera probado que CDC se financió a través de Ferrovial a cambio de la adjudicación a la constructora de proyectos de gran envergadura como la Ciudad de la Justicia de Barcelona o la línea 9 del metro. De las adjudicaciones de obra pública, según las mismas fuentes, el 4% se repartía entre el partido y el propio Millet”.
En 2011 saltaba a la prensa una nueva trama corrupta en la que un grupo de empresas, denominada por algunos el clan de los asfalteros, pactaba precios para repartirse el pastel de las obras públicas en Girona. El ‘caso GISA’ (Gestió d’Infraestructures, empresa pública de la Generalitat) arrancó con la detención de Jordi Vergé, gerente de carreteras de la entidad pública en Girona, por aceptar sobornos del clan.
También fueron detenidos Anna Sánchez Soldevilla y Xavier Esgleas Tarifa, cargos de Construcciones Rubau, una de las empresas implicadas en la presunta trama, que la Oficina Antifraude de Catalunya sigue estudiando. Esgleas, apoderado de Construcciones Rubau, es considerado por los investigadores como el coordinador del cártel de empresas junto a Joan Mozo, consejero delegado de otra de las constructoras implicadas, Rubau Tarrés, cuyo presidente, Josep Rubau Bosch (¿les suena el apellido?), también fue imputado en el caso.
La web recuerda como “el 27 de enero de 2012 el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publicaba la adjudicación a Rubau Construcciones de las obras de desdoblamiento de la C-31 entre Platja d’Aro y Palamós por casi ocho millones de euros (7.999.574, exactamente el mismo precio por el que se había presupuestado la licitación, la oferta de la constructora no rebajó ni un euro su oferta). Ya en el BOE, el 20 de marzo se publicaba la adjudicación de la construcción de un edificio de 67 viviendas en Santa Coloma. Adivinen el adjudicatario”.
El 12 de mayo, Adif publicaba un contrato de más de 100 millones de euros por las obras de un tramo de la línea de alta velocidad Madrid-Galicia a una UTE formada por Insersa (15%), Coprosa (50%) y Rubau (35%). A la constructora catalana, en solitario, también se le encargaron mejoras en otro tramo de la misma línea, esta vez por casi dos millones. El pasado agosto, por algo más de un millón de euros, se llevó un contrato de urbanización para la Autoridad Portuaria de Barcelona. Y así hasta hoy, que el nombre de esta constructora gironina vuelve a relacionarse con la gestora del puerto de la capital catalana. Aunque, esta vez, sin demandas civiles de por medio.
