El “Casino Royale” de Monterrey (Mexico), cuyo 20% es propiedad de la familia Pujol, según las pesquisas iniciales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la Brigada de Blanqueo de Capitales, se vio envuelto en una polémica política tras el atentado que sufrió y le costó la vida a más de 50 personas. El atentado fue cometido por “Los Zetas”, una banda callejera que fue contratada por “encargo” para dar “un susto” a sus propietarios y “se le fue de las manos”, ya que incendiaron el establecimiento con gasolina y la rápida combustión originó la brutal tragedia.

La prensa mexicana desveló entonces que “algunas de las revelaciones publicadas en estos días en México vinculan a políticos con la extorsión que se ejerce sobre los centros de apuestas y juego en Nuevo León, uno de los estados mexicanos con mayor concentración de este tipo de establecimientos”. El escándalo salpicaba además a miembros del Partido de Acción Nacional, PAN, entonces en el gobierno. El semanario mexicano “Proceso” publicó una serie de artículos en los que se desarrollaba el funcionamiento de una trama en la que estarían involucrados poderosos empresarios como Juan José Rojas Cardona, llamado el “Zar de los Casinos” y personas estrechamente ligadas a puestos de poder.

“El hermano del alcalde fue detenido tras la difusión de unos videos en los que aparece recibiendo importantes cantidades de dinero en tres casinos, algunos de los cuales han sido anteriormente atacados por hombres armados. Las denuncias involucraron, además, al secretario de Desarrollo de Monterrey, Miguel Ángel García, que también aparece en uno de los videos. El alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, salió inmediatamente en defensa de su hermano y sostuvo que la publicación de dichas imágenes es una trampa. “Son videos que buscaban un solo fin: chantajear a mi gobierno para abrir un casino ilegal”, dijo Larrazábal.

Antes de que los Pujol fueran los nuevos socios, el “Casino Royale” de Monterrey era propiedad de Atracciones y Emociones Vallarta SA de CV. Ese fue el nombre del concesionario que mencionó el alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, en una conferencia de prensa realizada cinco horas después del ataque, cuando la magnitud del atentado apenas se vislumbraba. “Detrás de Atracciones y Emociones Vallarta hay un hilo que se rompe en distintos puntos. La empresa obtuvo el permiso de operación de la Secretaría de Gobernación el 1 de julio de 1992, siendo presidente Carlos Salinas de Gortari y Secretario de la dependencia Fernando Gutiérrez Barrios, pero en algún momento, del que no hay registros públicos, el permiso fue revocado”, señalaba la prensa mexicana. No obstante, la Secretaría agregó que había un “desahogo de medios de defensa”, que permitiría que el permiso fuera reactivado. De la fecha de esa reactivación tampoco se tenían registros públicos.

El 10 de diciembre de 2007, el diario “El Norte” informó que el centro de Apuestas Allegre, perteneciente a Atracciones y Emociones Vallarta, había abierto sus puertas en el municipio de San Pedro Garza García sin los permisos municipales correspondientes. Los miembros del Consejo de Administración de la empresa son: Rodrigo Madero Covarrubias, José Francisco Madero Dávila y Ramón Agustín Madero Dávila. Éste último, socio de la ahora extinta aerolínea Aviacsa. Los tres consejeros de Atracciones y Emociones Vallarta son primos del exalcalde de Monterrey Adalberto Madero Quiroga, panista que gobernó el municipio entre 2006 y 2009 y que fue expulsado. En aquel año, legisladores locales de convergencia pidieron que se investigara a Madero Quiroga por tráfico de influencias.

La información oficial que consta sobre la empresa cuenta una historia distinta. En la página de internet de la Dirección General Adjunta de Juegos  y Sorteos, Atracciones y Emociones Vallarta tiene dos socios: el primero, una persona física de nombre Rodrigo Aguirre Vizzuett. El segundo, una persona moral registrada como VH Entretenimiento SA de CV. Milenio Televisión informó que Rodrigo ya no era socio de Atracciones y Emociones Vallarta y agregó que la familia Madero se había apropiado de la empresa en circunstancias irregulares de las que no ofreció detalles.

El Casino Royale, como la empresa que lo opera, también ha incurrido en irregularidades. Entre noviembre de 2009 y mayo de 2011, el Ayuntamiento de Monterrey suspendió la operación y/o construcción de seis casas de apuestas, según el periódico “El Norte”. De esas seis casas clausuradas, 5 obtuvieron amparos y siguieron operando, entre ellas estaba el Casino Royale.

Ramón Madero Dávila, uno de los principales accionistas de Grupo Empresarial Madero, fue uno de los personajes que, a lo largo, de este año, apareció como el hombre que habría de comprar la alicaída aerolínea Aviacsa para lo que, inicialmente, invertiría 893 millones de dólares y luego habría inyecciones de capital por 358 millones de dólares. Hasta el momento, los aviones siguen sin despegar. Diarios especializados como El Economista y El Financiero señalan que este grupo empresarial posee divisiones en inmobiliaria, tecnología, telecomunicaciones, metalurgia, ecología y entretenimiento.

Durante los últimos cuatro años, en los diarios editados en Monterrey se publicó información en el sentido de que el Casino Royale era propiedad de la familia Madero en sociedad con la empresa llamada CYMSA Corporation SA de CV. No obstante, el director general de ésta última, Raúl Rocha Cantú dijo a El Norte que ellos son los propietarios del casino y que los primos en cuarto grado del entonces alcalde de Monterrey, Adalberto Madero, eran socios en participación.

CYMSA Corporation es la inversionista y se asoció con Atracciones y Emociones Vallarta –propiedad de la familia Madero- para poder usar el permiso federal que la Secretaría de Gobernación otorgó a la misma. “Nosotros estamos como dueños del lugar, del inmueble, de todas las inversiones, como gestores para que el inmueble reúna todos los requisitos. Ellos ponen para operar una licencia federal de la que son propietarios y con esa base tener una contraprestación de un porcentaje de los ingresos que se tengan”, comentó en octubre del 2007.

Los propietarios del casino Royale fueron denunciados penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Lizbeth García Coronado, quien en esa ocasión acusó a diferentes funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) por haberles autorizado ilegalmente la ampliación de una permiso para operar 41 nuevos centros de apuestas en diferentes estados del país. Según la legisladora, especializada en la vigilancia de la Ley federal de Juegos y Sorteos en la Cámara de Diputados, pese haberles entregado a los funcionarios de la SEGOB una lista con los cerca de 200 salas de apuestas que estaban operando ilegalmente, entre estas las 41 entregadas a Atracciones y Promociones Vallarta SA de CV, no habían hecho nada para clausurarlas. “¿Cómo tienes más de 200 salas… y siguen otorgando permisos? Cuando fue un compromiso de Felipe Calderón de que no se iban a dar más permisos durante su administración. El día que presentó la denuncia, la diputada no descartó que en esos centros de apuestas se estuviera lavando dinero de la delincuencia. “Son demasiados casinos en México para seguir otorgando permisos y permitiendo que operen de manera ilegal”, dijo la diputada tras presentar la denuncia en las instalaciones de la PGR en la ciudad de México.

Por su parte, otro de los socios, Raúl Rocha Cantú huyó de México tras el atentado y desde su indeterminado exilio advirtió que teme por su vida y que está dispuesto a declarar cuando le garanticen seguridad, según el diario digital NuevoLeonenlinea.com. “Las razones que me llevaron a salir del país antes de que se emitiera cualquier orden de presentación y realizando como cualquier mexicano los trámites ante Migración”, agrega, “son fáciles de entender: el temor fundado de que atentaran en contra de mi vida”. Sin embargo, no dio explicación alguna sobre los posibles móviles del atentado.