Don Cándido está que se sale. Tras acusar a 61.000 funcionarios policiales de prevaricación por no auxiliar a la Justicia cuando son requeridos por la Fiscalía para la investigación de hechos supuestamente criminales, vuelve a la carga reclamando el monopolio de la instrucción penal para la institución en cuya jefatura política fue encumbrado por el Ejecutivo. En un desayuno informativo de Europa Press que tuvo lugar el pasado 16 de Abril, Conde-Pumpido volvió a reclamar la reforma del proceso penal para otorgar al Fiscal el protagonismo de la investigación delictual, asumiendo las funciones ahora en manos del Juez de Instrucción.   Para que nos hagamos una idea, el Fiscal General del Estado defiende que los actos procesales que abarcan desde la apertura de la causa penal, pasando por las diligencias de investigación (registros, intervenciones telefónicas, interrogatorios…), y la adopción de medidas cautelares (desde la prisión provisional a la libertad bajo fianza y órdenes restrictivas de derechos, como la de alejamiento) hasta llegar a la conclusión del sumario decidiendo sobre la prosecución o abandono de la acción penal (sobreseimiento), se sustraigan del control del Juez para dejarse en manos de Fiscal.   Para justificar la medida Conde-Pumpido pidió “salir del botijo español” después de comparar la función actual del juez instructor con “un carromato del siglo XIX que circula por carreteras modernas”. Carreteras hacia el presidio del disidente, se entiende, y de la arbitrariedad penal.   Volviendo al cerámico símil, reiteró que “tenemos que abandonar el botijo”, al ser preguntado sobre las opiniones que apuntan a que sus exigencias de reformar este aspecto de la Justicia conllevarían la politización de decisiones de orden jurisdiccional. En esta misma línea dijo que quienes acusan a la Fiscalía de perseguir intereses políticos en esta cuestión “actúan con mala fe”. Añadiendo seguidamente que “quien piense eso, no conoce la Constitución o no conoce la ley, el Ministerio Fiscal es una institución autónoma y no tiene dependencia del Gobierno [¡!]. Señalar permanentemente ese problema de la politización me parece que es volver al debate pueril que nos ha impedido durante treinta años un modelo penal adaptado al resto del mundo”.   Al margen del cinismo de las declaraciones precedentes de quien es elegido “dedocráticamente” por el Presidente del Gobierno como máximo e imparcial valedor del Derecho, D. Cándido calla que en los países en que el fiscal es director de la instrucción penal, tal rol parte del carácter jurisdiccional de su estatuto personal y orgánico, que en España sólo se lograría con la unificación de las carreras fiscal y judicial en un Poder Judicial auténtico y separado de los restantes del estado. Como en este Diario algo de la constitución y de la Ley sabemos, nos da que lo que D. Cándido pretende es darnos con el botijo en toda la cabeza.