Rubalcaba pasando revista   El bosque y los árboles   Nuevo escándalo rubalcábico. Rechinar de dientes y pataleta en el partido conservador por el descubrimiento de la creación por Interior de un cuerpo policial especializado para el seguimiento e investigación de las posibles actividades delictivas de personajes de “especial relevancia pública”. Antes de la herida la venda previendo una cacería de piezas mayores en el coto de su facción. Hablando de cacería, el Rasputín de Solares ha puesto a la cabeza del nuevo cuerpo de élite y para élites al Comisario General de la Policía Judicial D. Juan Antonio González García, quien participó en la famosa jornada cinegética de Jaén junto con Bermejo y Garzón.   Como no existe independencia judicial y la norma es la deriva a la vía jurisdiccional de problemas esencialmente de orden político, es decir la judicialización de la política, los motivos de enojo del partido turnante ahora en la oposición se ponen en solfa como espurios y únicamente autoprotectores. Sin denuncia de la ausencia de separación de poderes y de una autentica policía judicial sólo dependiente de jueces y magistrados, cabe interpretar estas quejas tan solo como la denuncia de la ruptura del consenso sobre el “noli me tangere” entre los partidos dominantes.   De la misma forma que denunciar la sustracción de la instrucción penal a los jueces que proyecta Caamaño para entregarla a una fiscalía de directa elección por el ejecutivo sin diagnosticar el hecho como un simple síntoma de agravamiento de la enfermedad terminal de dependencia de la Justicia, en este caso, las vestiduras rasgadas de la prensa afín al Partido Popular sólo pueden calificarse como hipócritas o cuanto menos, cortas de miras.   La mera existencia de un Ministerio de Justica y de una Fiscalía General del Estado situada fuera del Poder Judicial, dependiendo del ejecutivo en su cúpula, son equiparables cualitativamente en cuanto a la intensidad de control de la vida judicial a la inexistencia de una policía judicial auténtica independiente del Ministerio de Interior y a disposición tan solo de un Consejo de Justicia separado en origen de los restantes poderes clásicos del Estado. El que no acepte esta realidad, que no se queje de que le levanten luego las faldas.