Se fue acusado de corrupción moral y económica por pasar como gastos oficiales una larga ristra de viajes privados y tras airearse que había condecorado a su escolta, con quien compartía cenas, veladas y hoteles. Pero el premio a tanto estoicismo con el que aguantó 44 días de vendaval informativo ha sido suculento: Una ley de 1980 le permitirá al juez Carlos Dívar recibir durante los próximos dos años 8.676,84 euros mensuales. En total, percibirá del erario 208.244 euros simplemente por haber sido un alto cargo del Estado, pese a que su salida del puesto se ha producido forzado por el escándalo de sus 32 viajes de fin de semana con cargo al presupuesto de la institución que encabezaba.
Con ser aberrante el estipendio, lo peor de todo es que la sombra de la sospecha se cierne sobre la mayor parte de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, pues han sido numerosas las voces que reclaman transparencia sobre los gastos de viaje de los máximos representantes del Poder Judicial en España. Los 20 vocales y el secretario general gastaron en 2011 más de un millón de euros en desplazamientos de los que no piensan aportar ni un solo dato más. “Relaciones internacionales”, “protocolo”, “comidas”, “cenas”, “desplazamiento”, son los epígrafes que figuran en los gastos, pero ni in solo detalle sobre quien los usó, para qué se gastaron, con quien se almorzó o cenó y en que fecha. La controversia sobre Dívar abre por primera vez en España el debate sobre el control de los gastos de nuestros altos cargos, lo que se conoce en el argot político como “el chocolate del loro”, pero que en cuestión de imagen y ejemplo ha destrozado la credibilidad de las instituciones y sus usufructuatios, la mayor parte de ellos procedentes de la partitocracia (Dívar fue elegido tras un pacto PSOE-PP rubricado por Rajoy y Zapatero, pero al que se sumaron gustosos Alberto Ruiz Gallardón, su principal respaldo, y Alfredo Pérez Rubalcaba, el ministro que condecoró al agente Jerónimo Escorial, el preferido del juez).
