Desde hace mucho tiempo una buena parte de la “clase política” de este país (políticos, dirigentes de grandes medios de comunicación y una buena cohorte de “intelectuales orgánicos”) nos han vendido que uno de los problemas históricos de España ha sido la incomprensión del centro con la periferia que a lo largo del tiempo ha devenido en una fuerte exaltación de las particularidades de su tierra cercana y en un rechazo de cualquier vínculo social con sus regiones vecinas. Para solucionarlo han puesto a la venta multitud de mercaderías políticas, hoy vamos a comentar cuatro de ellas: la descentralización política es signo de progreso, la participación en los tributos estatales fomenta la corresponsabilidad fiscal, la gestión descentralizada de los servicios públicos conlleva la eficacia de los mismos y la transferencia de competencias junto con la capacidad normativa para desarrollarlas remedia el nacimiento de “naciones por consentimiento” (Murray N. Rothbard).   En sus machaconas propagandas no han tenido escrúpulos ni vergüenza en ofrecernos una vez más ungüento de serpiente: la descentralización política es un signo de progreso, ya que busca reconocer el derecho a la diferencia a todo grupo humano cargado de particularidades (lengua, costumbres, historia) y con un fuerte sentimiento de pertenencia a esa comunidad cultural (¿nación cultural?). Toda persona forma parte por origen de una comunidad cultural, está vinculada jurídicamente a un Estado y no a otro y, además, puede sentirse identificada en muy diferente grado con su Estado o con su comunidad cultural….y el nacionalismo es aquello que crea esa identidad (Miquel Caminal Badia). Por eso no cesan en la búsqueda de argumentos con los que justificar ese nexo de unión entre una “nación cultural” y un Estado a través de: la lengua, las costumbres, sucesos históricos sacados de contexto o tergiversados; leyendas y mitos locales al estilo de “En busca del valle encantado (The land before time)”; relatos de persecución y sometimiento por parte del “Estado Central"; “nación sin Estado”; expoliación sistemática realizada por la hacienda pública estatal (airean las “balanzas fiscales”, como si cada territorio fuese un solo contribuyente, pero ocultan las “balanzas comerciales” en las que se ve su interdependencia con la comunidad que aborrecen). Y muchas más quimeras y fantasías identitarias.   La burguesía periférica siempre ha querido tener las mismas oportunidades de influencia que la burguesía instalada en la capital del Estado, centro desde el que se dirige la política nacional (afirmación convertida hoy en otro mito).  Esos grupos sociales han luchado por participar de la "tarta tributaria" estatal no con la finalidad de ser corresponsables en la imposición de cargas tributarias a los ciudadanos sino con el objetivo de protagonizar el reparto de este botín entre sus feligreses, no dudando en inventar razones de interés social o bien común para que saboreen las mieles de los presupuestos públicos a través de subvenciones a actividades o a productos de la zona, transferencias de capital a sus empresas y a sus instituciones “sin fines de lucro”. Todas las justificaciones esgrimidas no han sido más que publicidad de aquel ungüento de serpiente, porque… ¿acaso les importa de dónde salen esos recursos? ¿Acaso les importa que dichas actividades sean ruinosas y no creen valor añadido regional o que esos productos no sean competitivos? ¿Acaso les importa que sus múltiples intervenciones públicas suplanten, coarten o ahoguen a la sociedad civil que pretenden liberar?   El mito de la descentralización política en un país pequeño como el nuestro, esgrimiendo la eficacia (son más aptos para conseguir el fin perseguido) y la eficiencia (utilizan medios más adecuados) de "la Administración más cercana al ciudadano" y los beneficios de la (falsa) competencia con otros territorios, no han conseguido ni una ni otra ya que muchas veces adolecen de falta de aquellos criterios que pregonan por tener dimensiones poco adecuadas para los servicios que prestan. En la organización práctica de los países democráticos, de dimensiones parecidas a las nuestras, funciona la gestión de competencias de forma escalar: las más sencillas y fáciles de ejercer, sin grandes dificultades técnicas, las ejerce el órgano más cercano (municipio o comunidad local); aquellas otras más complejas, que trascienden sus límites territoriales o su realización conlleva economías de escala, las ejercen órganos de mayor alcance (el Distrito o el Estado) o las ceden a empresas especializadas que poseen dimensiones y profesionales adecuados.   Aquella “clase política” nos ha vendido la descentralización política llevada a cabo en el Reino Unido a través del estatuto especial de Irlanda del Norte o de la “devolución” a Escocia y a Gales, el autogobierno de los Länders alemanes o el reconocimiento de Québec como una nación dentro de Canadá, como un remedio eficaz para evitar desmembramientos mayores (confederación o secesión) y así mantener integrada a esa burguesía periférica. Para remachar, nos recuerdan la constante crisis de entendimiento entre Flandes, Valonia y el enclave de Bruselas en Bélgica, la división de Checoslovaquia, las desintegraciones de Yugoslavia y de la Unión Soviética y los graves conflictos territoriales de Rusia (la Federación Rusa). Utilizan este miedo al caos como coartada para el vaciamiento de competencias del Estado, la absorción de competencias de los niveles más bajos (Provincias y Municipios) en favor de estos Entes Autonómicos inventados (innecesarios pero convertidos de facto en “miniestados”) y la posterior reutilización de esas competencias recibidas (educación, sanidad, vivienda, servicios sociales), sobre todo la educación, para convertir a los ciudadanos de esas regiones en reses sacrificables en el altar de ese engendro llamado “nación sin Estado” y en hombres adocenados que añoran la vuelta a las autarquías medievales.