Debería causar vergüenza a todo jurista mínimamente prudente y recto oír como la casta política utiliza la vara de atizar del Estado como instrumento recaudador de votos. Al fin y al cabo se trata de algo tan importante como configurar los límites de punibilidad, de la intensidad y extensión del monopolio estatal de la violencia. La alegría con que se oye formular y contestar a cualquier propuesta sin un mínimo rigor técnico es escandalosa.   Si la Presidente de la Comunidad de Madrid, se levanta por la mañana con una ocurrencia sobre la instauración de la “cadena perpetua revisable” (¿?) – concepto que recuerda en su ilógica interna al de “alto el fuego permanente” – el titular de Justicia se despacha con otra estupidez como su negación conforme a una inexistente preponderancia del principio de rehabilitación del reo. "Que no sigan sacando temas como el de la inmigración y el empadronamiento, los menores, la cadena perpetua, que son cuestiones puramente demagógicas en muchos casos, que llaman al populismo y que sólo suele hacer la derecha más extrema en épocas de depresión", ha pedido Caamaño a los populares.   Tan contraria es la boutade de quien curiosamente se autotitula como liberal al mínimo principio de seguridad jurídica e incoherente con el de cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, como simple, bruto y antisocial el razonamiento de quien se dice socialista, olvidando el importante componente punitivo de la condena, disuasorio, y retributivo en lo moral para la víctima, quien por cierto no aparece en el discurso ni de uno ni de otro. Valorando la polémica, el Consejo General de la Abogacía Española en voz de César Tocino, miembro de la subcomisión de Derecho Penitenciario, ha expresado su sorpresa ante la discusión subrayando como paradójicamente, en los países donde se ha introducido la mal llamada “cadena perpetua revisable”, el promedio de encarcelamiento por esta pena ha sido de veinte años, inferior al tope máximo vigente en nuestro país.   La descoordinación entre ciudadanía, legisladores, encargados de dar cumplimiento a las leyes y quienes han de aplicarlas juzgando a sus conciudadanos, fruto de este sistema de irrepresentación y poderes inseparados, consigue la cuadratura del círculo: Promover la cadena perpetua y su revisión a la vez, excusando para ello la levedad de las penas privativas de libertad actuales, cuando mientras tanto articula un código penal que permite la acumulación de penas que pueden superar el milenio en situaciones de concurso delictual, pero cuyo cumplimiento depende de una legislación penitenciaria que facilita que esos mismos reos alcancen situaciones de semilibertad en menos de quince años. Control penitenciario de   privilegios,   régimen   de   cumplimiento  y progresión en grado que, no olvidemos, queda en manos de la administración estatal o autonómica y sólo cuenta con el control judicial ex post por el Juez de Vigilancia Penitenciaria de esas previas decisiones burocráticas, dictadas al fin y al cabo por la misma sociedad política que promueve estas “brillantes” iniciativas.