La oleada de indignación judicial que ha provocado la resolución judicial de dos magistradas madrileñas que han impedido investigar la paternidad del rey demandada por Albert Solá e Ingrid Satiau ha generado comentarios de lo más diverso entre catedráticos, juristas y teóricos, que a veces han tenido que recurrir a la hilaridad o al esperpento para justificar racionalmente esta decisión.
Así al menos se expresó el catedrático de Derecho Constitucional por la Uned, Antonio Torres del Moral, que aunque defiende la actitud de las dos jueces, no tuvo más remedio que explicar que en el caso de que la responsabilidad del rey en un delito fuera manifiesta, sólo quedarían una opción: “Si las cosas se ponen muy feas, se lepone un barco en Cartagena o un tren en Irún”.
En la misma línea se expresó el catedrático de Derecho Constitucional, Jorge de Esteban, que confirmó los argumentos que el día anterior había expresado el pensador republicano y también abogado en ejercicio, Antonio García Trevijano en Radio Libertad Constituyente. De Esteban recordó que la inviolabilidad del Rey se refiere “exclusivamente al ámbito penal y a cualquier otro que lleve aparejada una sanción, no a los actos de naturaleza privada” y ratificó que “de los que lleve a cabo en el ejercicio de sus funciones, el responsable será el ministro que los refrende, pero de una demanda de paternidad o de una disposición patrimonial, debe responder él personalmente”.
Trevijano ya había advertido esta cuestión en el informativo de RCL, cuando irónicamente señaló que, según esta resolución judicial, habría que buscar a un ministro del gabinete de Mariano Rajoy que se hiciera responsable de esa paternidad no deseada, al tiempo que asemejó la impunidad real que puede suscitar este asunto con el antiguo derecho de pernada feudal según el cual el monarca o sus nobles podían acostarse con cualquier plebeya sin la necesidad de atenerse posteriormente a las consecuencias en el caso de que hubiese embarazo.
