Al Juez D. Francisco Serrano se la tenían jurada. Su público posicionamiento contra la Ley Integral de Violencia de Género le valió la inquina del tutor y mandamás de la Justicia en un estado de poderes inseparados, el poder político. Ya se advertía desde estas mismas páginas (Diario Español de la República Constitucional de 21/06/10 y 22/09/10) cuando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le abrió primero y archivó después expediente disciplinario por la denuncia interpuesta por la Federación Española de Mujeres Separadas y Divorciadas con causa en sus críticas a la referida Ley. Un auténtico toque de atención a quien ahora resulta condenado por la cuanto menos que curiosa figura penal de prevaricación “culposa” en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales como Juez de Familia.   Dejando de lado el fondo de la cuestión, se trata de una defenestración anunciada que tiene su correlato en la condena a un juez molesto a la inhabilitación por periodo de dos años. La hipocresía cínica del fin perseguido se ejemplifica tanto en el tipo penal apreciado como en la coetánea solicitud de indulto parcial que el Tribunal Superior de Justicia en Andalucía propone. La atribución penal del Art. 447 del Código Penal que tipifica la prevaricación imprudente más allá del dolo específico que significa dictar resoluciones injustas a sabiendas, se complementa con la propuesta de la Sala al Gobierno de un indulto parcial que deje la inhabilitación en seis meses.   En el estado de poderes inseparados se constata la evidencia de peligro de condena por prevaricador al Juez que anda contracorriente del poderoso. Mientras, los serviles progresan en el escalafón empujados por viento de popa. Lo políticamente correcto se convierte en principio general del derecho que informa el ordenamiento penal para controlar al juzgador. La independencia se convierte en extravagancia a condenar y corregir aunque solo por vergüenza luego se indulte por el propio poder político. Porque solo puede perdonar el que tiene poder para hacerlo. El amo.