En abril de este año (2021) y respecto a la financiación directa, leíamos en la prensa lo siguiente: «CCOO y UGT acaparan 74 de los 98 millones repartidos por el Gobierno en la última década. El sindicato vasco ELA (3´14 millones) es el quinto que más fondos del Estado ha recibido, justo por detrás de USO y CSI-F. El ejecutivo aumentó este año un 56% esta partida de gasto tras el tijeretazo de Rajoy por la crisis».
Se financiaban, pues, con subvenciones directas, con horas de trabajo al sindicato que paga el Estado, con unos cursos de formación cuyo desempeño corría a cargo de los sindicatos y pagaba el Estado a éstos, y con la pertenencia a consejos de administración de instituciones públicas y de entidades financieras.
Y lo que fue el culmen, a mi entender, se dio en la Ley Orgánica de Libertad Sindical de 1985. UGT y CCOO consiguieron una concesión institucionalizada del oligopolio de la representatividad sindical. En su artículo 6.2:
«Tendrán consideración de sindicatos más representativos a nivel estatal: a) Los que acrediten una especial audiencia, expresada en la obtención, en dicho ámbito del 10% del total de delegados de personal de los miembros de los comités de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones Públicas».
Ello de principio suponía darle la exclusiva de la representatividad a nivel nacional a UGT y CCOO. Hicieron una ley para quedarse con las mesas de negociación en exclusiva. Los partidos gracias a la cuota del 10% eliminaban a cualquier sindicato de la mesa general de negociación. Ya tenían garantizada la financiación pública, ya se habían colocado en los consejos de administración… ahora a eliminar competencia.
Otra realidad simultánea se vivió en la mayor empresa del país: las Administraciones Públicas. Aquí surgió en los distintos sectores una conciencia de la necesidad de sindicatos profesionales con rechazo al sindicalismo de clase y autonomía de los partidos. Proliferaron así en este ámbito una multitud de asociaciones independientes que en las elecciones de 1977 para elegir vocales a la Asamblea General de MUFACE, y ante la sorpresa de todos, las asociaciones profesionales, cada una con sus propias siglas, consiguieron una aplastante victoria sobre UGT y CCOO.
Los partidos-sindicatos reaccionaron consensuando la susodicha ley que exigía el 10% para ser más representativos. La realidad es que, sumando todos los trabajadores de un sector concreto, puesto que eran asociaciones sectoriales, nunca podrían alcanzar el 10% de las Administraciones Públicas. Así se quiso impedir que un sindicalismo independiente, sin partido político detrás, pudiese competir en próximas elecciones sindicales.
Pero este oligopolio de facto se va a ver tocado por dos factores:
1.- Las mesas del ámbito autonómico posibilitan el que los sindicatos de tinte nacionalista y con mucha implantación en esa autonomía, y a veces a la sombra de partidos nacionalistas, consigan el 10% de esa comunidad, lo que les valga el título de «más representativos».
2.- En el ámbito de la función pública aquellos pequeños sindicatos profesionales que nunca podrían llegar al 10% de la administración se confederan, presentándose bajo unas mismas siglas que los aúnan. Así, va a surgir la Confederación de Sindicatos Independientes de Funcionarios (CSI-F) que va a conseguir ahora de esta manera superar la barrera legal del 10% y ser, por tanto, «más representativos» en las Administraciones Públicas.
Pero es claro que los sindicatos, porque así es el sistema que tenemos, son como los partidos que reflejan, órganos constitutivos del Estado. Se financian del dinero público. Viven dentro de un sistema corrupto que corrompe cuanto absorbe.
Hoy, con una afiliación bajísima tienen la consideración de «sindicatos más representativos»:
- En la Mesa General, CCOO y UGT
- En el ámbito autonómico, ELA y CIG
- En Administraciones Públicas, CSI-F
El resto de sindicatos participan de mesas descentralizadas, viven de la financiación pública, dan cursos, y disfrutan de los otros privilegios, en la medida que con el sistema proporcional tienen derecho legal a hacerlo. Cuando algún sindicato, o algún partido, dice no tener financiación pública es porque no han conseguido tener derecho legal a ello. Pero ahí están, participando, con las miras en entrar en la gran repartija y traicionando a la nación, para llegar a ser en el Estado. Todo en él y por él.
Nuestra aspiración debe ser la de civilizar partidos, asociaciones, sindicatos, etc. Esto es, devolverlos a la sociedad civil, de donde nunca debieron salir.
