Hubo otro sindicato que gozó de cierto prestigio y capacidad de actuación en el tardofranquismo compitiendo con Comisiones, la Unión Sindical Obrera (USO). Surgida en los años cincuenta en núcleos cristianos de clase obrera, se presentaba como sindicato obrero, humanista, autónomo a partidos políticos y al Estado. Y todo ello desde un socialismo cristiano. Primero perdió lo segundo, y segundo perdió lo primero.

Se constituye formalmente en clandestinidad en el año 1961. La política de USO quería unidad de acción de confederaciones sindicales, mientras CCOO quería un sindicato unitario. Se hacía, por tanto, imposible el entendimiento.

Ya legalizada la USO, una gran parte de la organización se integrará en 1977 en la UGT, y posteriormente en 1980 otra parte lo haría en CCOO. Estas deserciones masivas supondrían un claro daño del que USO tardaría mucho en reponerse.

En 1976 celebró la UGT su trigésimo congreso, con la autorización del Gobierno de Arias Navarro. Autorización que no se concedería a CCOO que lo tuvo que realizar de forma clandestina. Todo el mundo entendió dos cosas: primera, que era una maniobra gubernamental para dividir al sindicalismo de clase y, segunda, que la UGT, como ya pasara con Largo Caballero en la dictadura de Miguel Primo de Rivera, gozaba de la bendición del Gobierno para acabar siendo el sindicato oficial de los próximos tiempos.

Gozó también la UGT del apoyo internacional de sindicatos y partidos europeos. Lo que no tuvo el histórico sindicato anarquista, la CNT. Sin apoyo exterior, con una decadencia del pensamiento anarquista, y sin posibilidad de participar en la representatividad sindical por coherencia con su ideal, la CNT perdió la influencia que tuvo en otras épocas. Una escisión de la CNT, la CGT, entraría en el sistema, en clara contradicción con su ideario anarquista. Actualmente la CNT ha perdido la posibilidad de participar en mesas de negociación, lo que la sitúa más propiamente como organización obrera y política que como sindicato con capacidad de negociación.

El punto en que se acabó con la posibilidad del sistema sindical unitario se dio al frustrarse el proyecto de elaboración de un sindicalismo unitario desde las organizaciones sindicales disidentes que se llamó Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS). UGT, en coherencia con los intereses del PSOE, se opuso rompiendo el proyecto de COSal apostar por la «pluralidad sindical» en contra del sentir unitario de CCOO. Efectivamente, la apuesta de CCOO era por el modelo de los órganos de representación unitaria (los comités de empresa), que era lo propio de su tradición unitaria. Pasado el tiempo tuvo que ceder y acatar las órdenes del PCE, ya que los partidos eran perjudicados en esa concepción.

En 1977, ya dimitido Arias Navarro y con Suárez como presidente, la búsqueda del consenso entre los partidos para que, sin riesgo de perder ellos comba, se pudiese responder a una inflación galopante (19% en el 76, con previsiones del 30% para el 77), un paro entonces sin precedentes cercanos ¡del 5%!, y con un déficit impresionante (de 3500 millones de dólares en el 75, 4200 en el 76, y 5000 en el 77), se firmaron los llamados Pactos de la Moncloa. Como con la Constitución, negociados y firmados por los jefes de los partidos políticos al margen de la nación española y del Parlamento, sin que nadie los hubiese votado, y sin que hubiese debate público alguno.

Fue un pacto de medidas económicas y políticas que realmente se llamaba Acuerdos sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía, que se firmaron en la Moncloa, y que, por eso, en un arrebato de originalidad, fueron siempre llamados Pactos de la Moncloa.

Lo firmaron el Gobierno, UCD, PSOE, PCE, PSP, PSC, CSC, PNV, CiU y Fraga, por parte de AP, que no suscribió el acuerdo político, pero sí el económico. Se llevaron los Pactos al Congreso el mismo día de su firma y prescindiendo de los necesarios trámites previstos legalmente.

Formalmente CCOO y UGT no firmaron al no ser partidos políticos, pero sí los consensuaron. Hasta el punto de que a cambio de subvenciones y «devoluciones patrimoniales» ambos sindicatos cometieron la traición del «entreguismo»,concretada en una pérdida de derechos laborales y peores condiciones. Por la crisis, los trabajadores tenían que estrecharse, y a cambio los sindicatos garantizaban su modus vivendi en la maquinaria estatal, gracias al consenso.

Lo de las devoluciones patrimoniales ha sido una ignominia que empezó entonces y no sé si ha acabado al día de hoy. Bajo la propaganda de «devolución de patrimonio histórico» se hizo a UGT y CCOO, precisamente a ellos, entrega del Patrimonio Sindical Acumulado (PSA).

«El Patrimonio Sindical Acumulado está integrado por inmuebles, cuya titularidad corresponde a la Administración General del Estado y que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/1986, de 8 de enero, de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado, se ceden en uso a las organizaciones sindicales y empresariales para que puedan desarrollar las funciones que les reconoce el ordenamiento jurídico», nos define la página oficial del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Es decir, se les cede a los sindicatos UGT y CCOO, brazos sindicales de los partidos PSOE y PCE, los edificios que habían pertenecido al Sindicato Vertical. El patrimonio del sindicato único estatal pasó a ser mayoritariamente de los sindicatos estatales de los partidos.

Por cierto, que confundir esto con la devolución de un patrimonio sindical incautado tras la Guerra Civil es mucho confundir, ya que ni existía CCOO antes de la guerra, ni se le entregó nada al sindicato mayoritario entonces, la CNT.

En el 2007 el reparto del PSA en metros cuadrados edificados estaba en los siguientes términos:

241710 metros cuadrados a——la administración

200258 metros cuadrados a——UGT

181644 metros cuadrados a——CCOO

100466 metros cuadrados a——patronal

 64675 metros cuadrados ——–disponibles

 15595 metros cuadrados a——-entidades privadas

   9490 metros cuadrados a——-USO

   4101 metros cuadrados a——-CGT

En 1981 en el Acuerdo Nacional de Empleo los sindicatos UGT y CCOO, y el Gobierno, pactaron la financiación vía erario de los sindicatos. Así como la presencia de lo que llamaron «agentes sociales» (sindicatos y patronal) en los Consejos de administración de las empresas públicas (INSERSO, INSS, INEM, etc.) Así como en el sector financiero público. Dicho de otra manera, los sindicatos más representativos estarían en los organismos públicos y en las cajas de ahorro. Partidos y sindicatos como consejeros. Así acabaron las cajas.