Rodríguez Zapatero (foto: PSOE) El Servicio Público de Empleo Estatal ha publicado las cifras de demandantes de empleo a finales de diciembre de 2008. El número de personas que buscaban empleo en esas fechas ascendía a 4.236.594, de las cuales solamente 719.194 estaban ocupadas y deseaban cambiar de empleo, es decir, el número de demandantes sin empleo declarado ascendía a 3.517.400 personas. La mayoría de los medios de comunicación, inducidos por la presentación oficial de las cifras, hacen comentarios sobre los desempleados registrados (3.128.963), olvidándose de aquellos otros no ocupados en situaciones especiales. El sistema económico ha lanzado a la cuneta del desempleo durante el año 2008 a más de un millón de personas porque las empresas no los necesitan, independientemente de que el Presidente del Gobierno edulcore estos datos con comentarios de lo sucedido en octubre y noviembre y con los millones de españoles que tienen trabajo.   Hoy ha sido noticia este indicador, otros días lo fueron la escasa demanda de casas o de automóviles, o la ralentización del consumo en general, a pesar de (o por culpa de) las medidas tomadas por los responsables políticos. Éstos nos tenían acostumbrados hasta ahora a tomar medidas de carácter monetario aumentando la cantidad de dinero en circulación, bajando los tipos de interés y complementando la demanda nacional con intervenciones del Sector Público. Todas ellas han sido tomadas en dosis masivas, pero sus efectos no son inmediatos, no funcionan como varitas mágicas, y dependen de los engranajes particulares del sistema económico nacional. En nuestro caso, además de ese tiempo de maduración que cualquier medida económica necesita, hay que tener en cuenta la fragilidad de nuestro sistema productivo por su dependencia del exterior, tanto en el comercio de bienes y servicios como en su financiación.   Pero hay otros dos factores que están ralentizando la capacidad de respuesta de las medidas de política económica del Gobierno español: la dimensión del Sector Público, que ocupa un porcentaje cercano a la mitad del PIB, hace que las medidas complementarias tomadas tiendan a la saturación y su impacto sea cada vez menor en el conjunto de la economía; y las diversas manivelas que mueven la maquinaria burocrática que debe ponerlas en práctica (Estado, Comunidades Autónomas, Entidades locales) se mueven muchas veces en sentidos contrapuestos.