Artículo aparecido originalmente en EL INDEPENDIENTE en febrero de 1990
En el debate parlamentario sobre la moralidad política del vicepresidente del Gobierno, la autodefensa de un caso de mendacidad personal se convirtió en apología doctrinal de la inmoralidad política, de la falta de ética en la acción de gobierno. Esta ingenuidad vicepresidencial, su espontánea extrañeza de que el cinismo y la mentira puedan ser motivos de dimisión, ha provocado una reacción de sinceridad, fuera y dentro del Parlamento, que ha puesto fin al inmoral consenso. La transición ha terminado porque el consenso sobre la necesidad política de la falsedad y la mentira, como sistema de gobierno, ha terminado.
La sensibilidad moral de la sociedad española, demasiado tiempo anestesiada por varias circunstancias nacionales e internacionales, está cambiando en la medida que dichas circunstancias comienzan a desaparecer o a modificarse. El escándalo público ante las mentiras del poder es síntoma indefectible de libertad y sanidad moral. Comentando la escasa capacidad de indignación de la opinión ciudadana publiqué un artículo (“El País” 24-4-89) demostrativo de que “la desorganización ética” era consecuencia y fundamento de una transición basada en el consenso. La intervención parlamentaria del vicepresidente ha confirmado este diagnóstico con una lección magistral de anarquía moral y cinismo político. Afortunadamente, esta deconstrucción moral sólo fue compartida por el suarismo y los vasco-catalanes heterodeterminados, es decir, por los autores del pacto constituyente de la transición, por la medula originaria del consenso.
La mayoría de los ciudadanos, educados en una sociedad convencional, tienden a considerar los casos de corrupción como fenómenos personales y aislados que afectan de repente a personajes habitualmente intachables, pero débiles de carácter ante tentaciones irresistibles o pasiones desbordantes. La realidad es diferente. Cuando un reducido número de dirigentes se acostumbra a pensar y actuar colectivamente, en convivencia casi permanente, la corrupción moral de uno de ellos sólo puede ser personal si choca con la idea de moralidad colectiva de los restantes.
Normalmente sucede lo contrario. En un partido que tira por la borda las ideas sociales que inspiraron su constitución, la ambición colectiva de poder, la táctica colectiva para adquirirlo o conservarlo, convertidas en desnuda obsesión, van poco a poco minando los escrúpulos morales de sus dirigentes para hacer fechorías que fuera del ámbito de poder del grupo no se atreverían siquiera a imaginar. La ética partidista comienza a separarse de la moral natural. Hasta que la prevalencia, sobre cualquier otra valoración, del interés de jefe y del grupito de incondicionales llega a ser tan absoluta que fuerza la dimisión de los elementos que conservan restos de su primitiva moralidad natural.
El grupo dirigente no tiene conciencia de estar moralmente corrompido, sino especialmente inspirado para la percepción de la realidad del poder y del modo realista de ganarlo y conservarlo. Para estos hiperrealistas dirigentes, los críticos son moralistas utópicos que no saben de política. Cuanto mayor es la importancia que dan a las cuestiones disciplinarias, a la ausencia de tendencias organizadas en el seno del partido, a la fidelidad al jefe, mayor es también la distancia que se abre entre la moral interna del partido y la moral externa de la sociedad.
El escándalo público es la chispa final que salta, para descargar la tensión social existente entre dos moralidades objetivas de signo contrario, cuando entran en contacto la opinión absolutoria del partido y la opinión condenatoria de la sociedad sobre la conducta política de un dirigente partidista.
Antes de llegar a esta descarga emocional, el antagonismo moral y el conflicto social han estado largo tiempo larvados y encubiertos por ideologías engañosas y por propagandas de imagen pública. Así se explica el fenómeno social, tan característico de nuestro tiempo, de que las mismas personas que antes veían cualidades intelectuales y de carácter en determinado gobernante, se pregunten extrañadas, una vez perdida la aureola del cargo o conocida la corrupción, cómo es posible que haya podido ser presidente o vicepresidente del Gobierno, de una nación cargada de historia, alguien tan vulgar, tan inculto, tan insensible. La explicación es simple. Esas personas no han sido seleccionadas con criterios democráticos. Tienen la fortaleza de que las reviste el cargo. Representan el papel artificial de una imagen.
Los personajes políticos de la transición, salvo algunos líderes regionales, traen la razón de sus cargos en designaciones autoritarias o en audaces saltos a la cúpula del partido. La transición misma tiene su causa original en el compromiso contraído por los servidores del régimen dictatorial con unos jóvenes que habían arrebatado a los dirigentes tradicionales del PSOE los puestos de control del partido. Ese compromiso fundacional del régimen político actual estuvo promovido y patrocinado por el Departamento de Estado americano y por la socialdemocracia alemana. Su finalidad fue homologar el sistema político de España con los de Europa occidental, por medio de una reforma liberal de la dictadura que impidiera la participación política del pueblo en el proceso.
A este compromiso bilateral, entre la legalidad franquista y la legitimidad democrática de la oposición, se le llamó consenso por dos motivos disimuladores. Ocultar la naturaleza moralmente corrompida del pacto transaccional del PSOE con la dictadura, y crear la imagen de que los demás dirigentes, salidos del franquismo o de la oposición, no eran, como fueron, puros comparsas en el pacto de poder Suárez-González.
Para llegar a esa oportunidad de privilegio, para estar allí como solos legitimadores de la legalidad reformista del franquismo, para partir con ventaja respecto a los demás grupos democráticos, los jóvenes dirigentes del PSOE tuvieron que cometer demasiadas fechorías, dentro y fuera de su partido. No fue la menor traicionar el compromiso firmado de no aceptar su legalización sin la de los demás partidos, incluido el comunista. Tampoco fue pequeña la de presionar en Bruselas para que no llevara a cabo la suspensión de las negociaciones con España mientras permaneciera en prisión el promotor de la unidad de la oposición, de la que formaba parte el propio PSOE.
Los jóvenes dirigentes del PSOE aprovecharon bien la oportunidad que tuvieron de legitimar al presidente del Gobierno de la monarquía dictatorial. Antes que nada impusieron a Suárez el sistema proporcional de listas cerradas. Sabían que este simple mecanismo les daría el control férreo de su partido. Con este truco legal podrían transformar a un partido de tradición ideológica en una máquina electoral y prebendaría al servicio del poder personal y del culto a la personalidad de un jefe. Es a partir de ese momento cuando la inmoralidad política del PSOE va a alcanzar una trascendencia histórica.
Colocados en esa posición de ventaja, financiados por la socialdemocracia alemana, piden elecciones antes de que se instauren las libertades, antes incluso de que estuvieran legalizados los partidos de izquierda y los partidos republicanos. Hacen creer a la opinión pública que los diputados de las primeras elecciones legislativas están legitimados para aprobar una Constitución, sin abrir un proceso constituyente, sin convocar elecciones a Cortes constituyentes. Mediante esta usurpación, el poder constituyente del PSOE y del Gobierno Suárez hace de la Constitución del Estado un simple reglamento, a la medida del juego de la clase política, sin separar los poderes del Estado, sin garantizar a los individuos contra las injerencias del poder en las esferas de la sociedad civil y de los derechos humanos.
Por eso ha sido posible la aberración jurídica de Rumasa, el escándalo de los GAL, y que ahora, el Parlamento no pueda impedir ni controlar la corrupción del poder ejecutivo por tráfico de influencias.
La corrupción económica, cuando afecta a un dirigente de partido, es una derivación tardía en la conciencia individual de un largo proceso de degeneración moral en la conciencia política de grupo. El afán personal por el dinero ilícito es sólo síntoma, y no causa, de una previa corrupción política de carácter colectivo.
Es psicológicamente congruente que, sin estar personalmente interesado en incrementar su fortuna, el vicepresidente no sienta repugnancia, por corrupción colectiva, de que otro miembro de su entorno, su familia, o su propio partido se valgan de su influencia para obtener un lucro ilícito.
