El lastre del consenso, en forma de precariedad moral e inseguridad intelectual, impide la elevación de las disposiciones políticas por medio de la razón y la libertad. El consenso, fuerza aglutinante de los que dirigen, se corresponde con el gregarismo de los que son dirigidos. Esta primitiva y esterilizadora concepción política suspende el raciocinio diversificador en aras de la unidad de destino de las voluntades oligárquicas. Al desprendernos de tamaña rémora, situaremos los asuntos públicos sobre el noble y vasto territorio de la Democracia.   El lehendakari continúa con su plan soberanista; Artur Mas proclama el derecho de los catalanes a la autodeterminación; y el Sr. Montilla, tras reclamar un nuevo sistema de financiación autonómica, puesto que Cataluña “ya no puede esperar más”, afirma que “si España deja de interesar y convenir a todos no será de todos”. Ante semejante escalada centrifugadora, la elección directa del poder ejecutivo o presidencialismo resulta indispensable. No sólo porque privaría a los profesionalizados muñidores del Poder, de las componendas parlamentarias que ofician el entierro de la separación de poderes, sino también, porque devolvería al nacionalismo, regionalismo y aldeanismo políticos a sus correspondientes reductos.   El particularismo étnico-lingüístico, conforme a su inviabilidad estatal, se autoexcluiría de las elecciones presidenciales; lo que representaría un gigantesco avance con respecto a la presión que ejercen los poderes periféricos sobre el Gobierno central, merced a la proporcionalidad asimétrica (la simétrica es una entelequia indeseable) del nefando régimen electoral vigente.   Don José Montilla (foto: guillemespriu) Con un sistema presidencialista, los aspirantes a la obtención del poder ejecutivo serían aquellos que concitasen un apoyo significativo, es decir, nacional. Con unos medios parejos de difusión y defensa de los programas políticos, se irían configurando las opciones más interesantes para la sociedad civil, que antes de su convocatoria electoral delimitará las candidaturas que puedan entrar seriamente en liza; en cualquier caso, será la propia ciudadanía la que definirá el número y características de aquéllas, y no una oligarquía de partidos que constituye híbridos estatales de gobernantes seminacionales y gobernadores nacionalistas.