La entrada en el euro desató una espiral de inflación en el ajuste de los precios que no ha sido registrada. En no pocos artículos y servicios se llegó a un porcentaje escandaloso de subidas. Tampoco se ha estudiado con exactitud el impacto en los precios de la vivienda, que se acercaron a un incremento del 50% apenas un año después. Como siempre, las clases medias asalariadas vieron mermado su poder adquisitivo y disparado su endeudamiento. Desde el segundo año del nuevo siglo, el paro y los precios de la vivienda ya hacen imposible que los jóvenes puedan emanciparse del hogar paterno.   El crecimiento económico continuó en los primeros dos mil. La moderación salarial disparó el beneficio, a pesar de que el consumo interno era el auténtico motor de aquel, pero siempre gracias a unos tipos de interés bajos, cosa que tendría que terminar en algún momento. El superávit que debieron acumular las cuentas públicas no fue suficiente ante el despilfarro autonómico. La puntilla vendría del crack financiero internacional.   Treinta y dos años después, en una crisis que cuestiona el valor de las cosas, carecemos precisamente del valor seguro de sectores productivos en la economía. Es la premeditada transformación de España por el posfranquismo lo que nos ha traído hasta aquí, sólo que lo que para los potentados es ahora un ligero soplo en la frente, para los demás supone un devastador huracán. Y es imposible que las clases medias podamos escapar a la crisis perpetua mientras continúe esta Monarquía de partidos, impermeable por su diseño institucional al interés de la mayoría.   Fijándonos en el lapso 1977-2007 (efeméride redonda de los treinta años desde las consideradas primeras elecciones democráticas), los ocupados en agricultura e industria, los dos sectores productivos, han pasado de ser el 48,6% a solamente el 20,56% (4,54%+16,02% respectivamente) del total, disparándose los servicios del 41,7% al 66,17% de los ocupados. El segmento de población infantil, entre 0 y 15 años, se ha reducido en 13 puntos porcentuales y 4.337,1 miles de almas. Ello a pesar de que las personas que aportan algún ingreso a sus familias han pasado de un 41,4% a un 63,7% de la población. De entre éstos, las rentas del 24,5% provenían de los organismos públicos en el año 1977.   En 2007, hasta el 38,2% de todos los que aportan ingresos a sus familias dependían del Estado, lo que son más de 10 millones de españoles. Algo —por supuesto que combinado con el rígido control de un espacio público sometido a la propagación de la mentira oficial (la mejor demostración de ello está, justamente ahora, en que, a pesar de la que está cayendo, el Régimen de poder es lo único que no se cuestiona)— que facilitará que ellos y sus familias siempre voten.