En la fase del ciclo que atravesamos, ya nadie duda que España esté inmersa en una grave crisis económica y financiera. A la vez se está gestando una crisis presupuestaria en las Administraciones Públicas, especialmente en aquellas de ámbito inferior al Estado (autonómica y local), como se está deduciendo de los contactos llevados a cabo por el Ministro de Política Territorial con diversas Comunidades Autónomas y de las recientes medidas aprobadas por el Gobierno de forma urgente para facilitar a las Entidades Locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y autónomos (Real Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril).   Enrique Villarreal, Director General Técnico del ICO Esta última disposición permite ampliar el endeudamiento de las entidades locales que hubiesen liquidado el presupuesto de 2008 con remanente de tesorería negativo. Es decir, todas aquellas entidades locales que sean incapaces de hacer frente a sus obligaciones pendientes de pago con el saldo actual de su tesorería y con los derechos pendientes de cobro (en el caso teórico de poderlos cobrar) pueden incrementar su Deuda Publica por esa diferencia, con la única obligación de elaborar un plan de saneamiento financiero. Además esta norma también garantiza el pago de las facturas pendientes que poseen las empresas y autónomos mediante su endoso en las entidades financieras, que a su vez lo harán al Instituto de Crédito Oficial (ICO). Este adelanto que efectúa el ICO lo cobrará posteriormente del Estado que se lo descontará a esas entidades locales de su participación en los tributos estatales.   Con estas medidas se está permitiendo que aquellas Administraciones Públicas que han realizado gastos sin los correspondientes ingresos o previsión de tenerlos a corto plazo, incrementen su endeudamiento y/o paguen sus obligaciones contraídas con futuros ingresos en detrimento de aquellas otras que gestionan con eficacia sus presupuestos, pagan sus deudas a tiempo y ahorran para poder realizar sus inversiones.   ¿Cómo han permitido las instituciones de control externo (Tribunal de Cuentas del Reino y la multitud de Tribunales, Sindicaturas o Cámaras de Cuentas autonómicas) que estas Administraciones lleguen a una situación de impagos, en muchos casos de quiebra técnica, sin hacer nada? ¿Para qué pagamos los ciudadanos tantas instituciones de control que no controlan casi nada?