Fachada del Congreso (foto: chicadelatele) Dentro de tan sólo dos días se habrá consumado el rito, tranquilizado conciencias y consolidado la farsa. Conocidos los resultados electorales, comenzarán las reuniones entre los jefes de los partidos para decidir fuera del Parlamento la investidura del Presidente de Gobierno que habrá de votarse dentro. Se trata de preparar la comida precocinada que los diputados tendrán que calentar en el microondas de su escaño. Ingrata tarea la de transgredir el artículo 67 de la Carta Magna que habrán jurado o prometido horas antes. Servidumbres del “cursus honorum”. Nuestra condición de ciudadanos expulsados del paraíso democrático nos veda aguar la fiesta a nadie. Por el contrario, nos obliga a contribuir a su esplendor.   Porque ese órgano inane donde nada se decide tiene un precio. En términos empresariales, el Parlamento no sería competitivo en el mercado. La relación calidad-precio, desproporcionada, resulta cara. Piense el lector en que, en la legislatura que acaba de concluir, de las 221 normas con rango de ley aprobadas por las Cortes, 54 fueron decretos-leyes y decretos legislativos, es decir, leyes que emanan no del poder legislativo, sino del ejecutivo. El resto fue aprobado bajo el mandato imperativo de las cúpulas de los partidos a los que pertenecen los diputados. Dada esta situación, es obligado preguntarse qué y cuánto estamos pagando.   Ciñéndonos sólo al Congreso de los Diputados, el sueldo mensual fijado actualmente para cada uno de los 399 diputados es de 3.126,52 €. A esa cantidad hay que sumar 10.730 € al mes para el Presidente del Congreso por ser miembro de la mesa, por gastos de representación y por gastos de “libre disposición”. Los cuatro Vicepresidentes tienen gastos suplementarios por esos mismos conceptos, si bien en menor cuantía. También hay retribuciones especiales para toda una retahíla de cargos asociados a la Mesa y a las Comisiones. Además, para el primer trimestre de este año, los diputados aprobaron la concesión de subvenciones a los Grupos Parlamentarios por importe de 2.372.349,21 €. Se llega incluso al despropósito de establecer percepciones pecuniarias en concepto de ¡indemnización!, como si postularse libre y voluntariamente candidato a la Diputación fuese un perjuicio que reparar. La clase política existe: cercana a nuestros bolsillos; ajena a nuestros desvelos.