Actualmente el Congreso de los Diputados está tramitando la modificación de la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y el proyecto de ley de Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con estatuto de autonomía, como colofón al acuerdo de financiación aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en julio. Todo para dar satisfacción a los oligarcas locales ansiosos de -con la escusa de acercar la Administración a los ciudadanos pero callando que el exceso de burocracia ha encarecido la prestación de los servicios públicos- participar en el pastel fiscal del Estado.   Algunos de los principios más propalados de este modelo han sido el aumento de la autonomía financiera y la consiguiente corresponsabilidad fiscal de las Comunidades Autónomas. Desde el comienzo de esta locura descentralizadora, el Estado fue cediendo el 100% de la gestión recaudatoria de varios impuestos (Patrimonio; Sucesiones y Donaciones; Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; y tasas sobre servicios transferidos), creó otros nuevos tributos (determinados medios de transporte, electricidad, venta minorista de algunos hidrocarburos y tasas sobre el juego) hasta llegar a la actual cesión 50% del IRPF y del IVA y el 58% de los Impuestos Especiales. A pesar de tener facultad para modificar los tipos impositivos, la realidad es que su recaudación sirve para calcular el Fondo de Garantía de Servicios Mínimos Fundamentales (educación, sanidad y servicios sociales), pues si una región no tiene suficiente con estas cesiones, el Estado pone el resto, soportando el desprestigio de exigir tributos a los ciudadanos, mientras que aquellas rentabilizan su utilización.   Este modelo no es más que un producto de ingeniería estadística destinado a respaldar el acuerdo con la multitud de variables y ponderaciones participantes en dicho Fondo (población total, mayor de 65 años, en edad escolar, protegida, dispersa o insular). Al galimatías añaden un Fondo de Suficiencia Global para financiar las demás competencias transferidas, dos Fondos de Convergencia autonómica (uno de Competitividad para reducir las diferencias de financiación “per cápita” y de paso penalizar a aquellas regiones que bajen sus impuestos, y otro de Cooperación para compensar a aquellas regiones con menor riqueza relativa o una dinámica poblacional negativa) y un conjunto de recursos adicionales (los famosos 11.000 millones de euros) repartidos de forma discrecional. En definitiva, este modelo no garantiza recursos financieros para tantos gastos, ni crea figuras tributarias regionales que los ciudadanos distingan nítidamente, ni define de forma clara el servicio público fundamental, ni sus costes directos e indirectos.