Lo “políticamente correcto” no deja de ser una moda de la opinión elevada a la categoría de convención social. Como moda es algo pasajero, mutable y en muchas ocasiones pendular. Lo que hoy es políticamente correcto mañana puede ser refugio de outsiders de la nostalgia, o simple extravagancia de estar en sociedad.   La Justicia, como pretende con sus ritos procesales en la vida judicial, como el uso de la toga o las formulas del lenguaje forense, aspira a una objetividad inevitablemente conservadora, que sin embargo no es inmutabilidad ni estaticidad, sino sólo afinidad al Derecho que aplica, y como no, a la que debiera ser su más importante función creadora, la de la interpretación e integración de la norma en el ordenamiento jurídico en armonía leal con su sistema de fuentes.   Cuando no existe separación de poderes sino un poder único y una función judicial dependiente, es inevitable la permeabilidad de lo políticamente correcto en la doctrina de los tribunales infiltrados y dominados. La moda se eleva a categoría de jurisprudencia, y la incorrección política a la de delito.   Un grupo de setenta asociaciones, en su mayoría de padres separados y por la custodia compartida, han emitido un comunicado de apoyo al juez Serrano, expedientado en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por incompatibilidad, al pertenecer a la Asociación Española Multidisciplinar de Investigación sobre Interferencias Parentales (ASEMIP) sin expreso permiso del órgano de gobierno de los jueces. El titular del Juzgado de Familia nº 7 de Sevilla presidía la asociación sin percibir retribución alguna, habiendo alcanzado notoriedad pública después por sus críticas a la Ley de Violencia de Género, de la que denunció públicamente su parcialidad e ineficacia en distintos medios.   Las entidades firmantes protestan por lo que creen un “aviso a navegantes” para acallar cualquier voz crítica en el mundo judicial a la política legislativa actual en la materia, apoyando así, según dicen, “a las personas y asociaciones que son vetadas o discriminadas por defender la custodia compartida y por defender la inconstitucionalidad y la lesión a los Derechos Humanos que comporta la ley actual de violencia de género”.