Cuando la Justicia está en manos del poder político, el proceso constructivo de las sentencias que afectan a la clase gobernante es inverso al ordinario y cabal razonamiento jurídico. En lugar de comenzar a redactarse por los antecedentes fácticos, para ponerlos a la luz de los fundamentos de derecho de legal aplicación y llegar a la coherente conclusión judicial en el fallo, la redacción de la resolución comienza con éste, que es conocido de antemano, para, a partir de la parte dispositiva, citar o elaborar la doctrina jurídica conveniente y redactar finalmente el supuesto de hecho de forma que sustente una apariencia de lógica interna. Cuanto más Alto es el Tribunal más directamente intervenido se encuentra por el poder político. No se pierda de vista que el presidente del Tribunal Supremo lo es también del Consejo General del Poder Judicial, y su elección fruto del cambalache de los partidos.

Sólo la razón obtusa que rige en el Estado de poderes inseparados sustenta este pensamiento perverso, pues las conductas corporativas de mutua protección tienen precisamente su origen en la institución de un CGPJ que es sínodo de la elite judicial partidista. Así, sus miembros son simples delegados del partido al que son afectos, rigiéndose su actuación no sólo por la regla de la obediencia debida, sino también, y en cuanto a su funcionamiento ordinario, por el consenso con los de la facción rival, dejando fuera de sus decisiones al mundo jurídico que gobiernan. Más al contrario, la independencia judicial que se alcanza con la elección de un órgano de gobierno judicial elegido por un cuerpo electoral propio y también separado acaba con toda posibilidad de corporativismo, ya que, al integrar como electores y elegibles a todos los operadores jurídicos, desaparece cualquier interés común susceptible de reciprocidad, a la par que las élites judiciales se convierten en minoría.

De ese cuerpo electoral separado formado también por fiscales, secretarios judiciales, funcionarios de la Administración de Justicia, abogados, procuradores, notarios, registradores y catedráticos de Derecho, entre otros operadores jurídicos, saldría elegido un Consejo de Justicia, que sí sería General al integrar no sólo a jueces y magistrados, sino también a los restantes implicados en el quehacer diario de la Justicia y que son franca mayoría, resultando imposible cualquier comportamiento corporativista por razón de su función jurisdiccional.