Muchos, inopinadamente sorprendidos por la corrupción imperante, piensan que el sistema político que tenemos ha ido degenerando progresivamente. Así, la constitución del 78 sería para ellos un buen texto que ha ido dejando de ser válido, o dejando de cumplirse. Es la mentalidad del reformista, es el consejo del consenso.
Los repúblicos sabemos qué torticero origen es el que invalida, de una vez por todas, el conjunto completo de leyes que dependen del famoso texto constitucional: la prohibición expresa del mandato imperativo. Según esta prohibición, las decisiones y votaciones de los señores diputados no rinden cuentas a ninguna institución ni poder más allá del que vincula de forma etérea su conciencia y el sentir del pueblo español. En la práctica y de forma científicamente demostrable podemos comprobar que los votos de los señores diputados dependen directamente de sus jefes de partido. No en vano su puestos dependen de quien los ha nombrado, esto es, el partido.
Esta contradicción invalida todas las votaciones sobre leyes que se hayan sucedido tras la promulgación de la constitución o lo que es lo mismo, todas las leyes son nulas de pleno derecho. Este hecho singular bastaría para desmantelar toda la estructura legal del Estado. Por tanto, en el momento en que una mayoría de españoles muestre de forma mayoritaria esta pezuña del monstruo que habita bajo el texto constitucional, se podrá adivinar el resto de la aberración que se intenta ocultar tras sus páginas. Mientras, es normal que al pensar en esta constitución muchos tengan pesadillas.
