Si los legisladores fueran auténticos representantes de la ciudadanía, las leyes que estos propusieran y aprobaran responderían eficazmente a las necesidades sociales. La demanda social de regulación de nuevas situaciones antes inexistentes se plasmaría en la propuesta legislativa correspondiente, cubriendo el vacío legal. En el Estado de partidos, donde estos son los únicos agentes políticos, la producción normativa se caracteriza por la extravagancia ideológica del posmodernismo, obedeciendo sólo a razones particulares de clase política como la permanencia en el poder, el impacto mediático o la simple originalidad en la resolución de conflictos.

Las sentencias que dictan los juzgados y tribunales inseparados de ese poder político adolecen de la correlativa extravagancia, siendo, como son en muchas ocasiones, la simple consecuencia de la norma en vigor, por mucho que luego escandalicen a la opinión pública. Si el control político del funcionamiento de la Justicia como mero departamento administrativo del poder resulta evidente y fácilmente demostrable por grosero e indisimulado, los efectos de la ausencia de representación en la producción normativa son igualmente perniciosos. Sin auténtica representación, la cadena de lo legal y lo justo se rompe irremisiblemente.

Cuando las cámaras legislativas representan a los partidos y no a los ciudadanos, su producción normativa obedece tan sólo a los intereses ideológicos de aquellos, dejando sin respuesta jurídica las necesidades sociales. Entonces el derecho y la sociedad corren caminos no solo dispares, sino opuestos, debido a la propia naturaleza coactiva de la ley positiva. Leyes absurdas o contrarias a los más básicos principios generales del derecho se interpretan al hilo de una jurisprudencia servil y dependiente, que necesita retorcer la letra y el espíritu de la norma para darles validez o aún su posible aplicación, siempre mirando y buscando el aplauso de la mayoría de turno.

Desde estatutos de autonomía imposibles hasta la lesión del principio básico de igualdad por razón de sexo a la hora de castigar el crimen representan una voluntad ideológica, la partidista, ajena a necesidades sociales claras, ya que, por su propia irrepresentatividad, los legisladores carecen de la información eficiente siquiera para intuirlas. Por la misma razón, las lagunas legales son la regla y no la excepción, siendo especialmente apreciables en el ámbito de las nuevas tecnologías, donde esa información imprescindible se genera a una velocidad de vértigo, es difícilmente articulable y notablemente más dispersa.

Si perdemos la capacidad para sobrecogernos cuando el analfabetismo de los gobernantes de esta monarquía de partidos es seguido por una entusiasta salva de aplausos de un público entregado, todo habrá acabado. Pero si además la farfulla analfabeta del iluminado o iluminada, por utilizar la dualidad políticamente correcta, atenta directamente contra los más básicos principios que el ordenamiento jurídico establece para la protección de las mínimas garantías personales y permanecemos callados, seremos no ya cómplices o encubridores, sino autores por omisión.