El Secretario General de UGT de Andalucía, D. Manuel Pastrana considera “absolutamente radical” la orden de prisión provisional sin fianza decretada por la titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla, Dña. Mercedes Alaya, contra D. Antonio Fernández por su implicación en el asunto de los ERE fraudulentos durante su mandato como Consejero de Empleo de la Junta de Andalucía. Pastrana describía como de “opereta” la investigación de Alaya calificando la decisión judicial como “una decisión desproporcionada”.
Llama poderosamente la atención que el propio sindicato se encuentre personado en el caso, pero no como defensa, que sería la postura procesal coherente con tales afirmaciones, sino como acusación. Sí, una acusación que por su propia posición en la causa en buena lógica subrayaría las decisiones pro actione del Ministerio Público, que interesó la prisión provisional, pero que contradictoriamente en este caso ejerce de quinta columna procesal. Y es que por si fuera poco, el dirigente sindicalista arremetió contra la Juez asegurando que “hay indicios de que la decisión, por la dimensión que tiene, estaba previamente definida”, continuando “al menos parte de acusación tiene intereses políticos en el caso”. Pues sí, a la luz de tales declaraciones y la actuación de quien se sitúa como parte acusadora, parece que parte de la acusación tiene intereses espurios en esta instrucción.
Las declaraciones del líder de este sindicato de estado frente al encarcelamiento de un ministro de la desorganización territorial de la partidocracia por el robo a los trabajadores andaluces de los fondos destinados a la provisión pública para el desempleo para disfrute propio da mucho que pensar sobre su rol en el proceso. No se deben sacar conclusiones precipitadas sin datos objetivos, pero sólo intereses bastardos pueden justificar este posicionamiento público de una acusación personada. Que sean ideológicos o crematísticos es harina de otro costal. La cuantía del latrocinio, los sórdidos detalles de su destino a satisfacer las más bajas pasiones, el cargo de responsabilidad de los supuestos autores, el origen del dinero distraído, el propio modus operandi, definitorio de una absoluta falta de escrúpulos so capa de una impunidad institucional asegurada por años en el machito, así como la cuajada plétora de evidencias probatorias que apuntan a que la fuga se erija como posibilidad más plausible que la defensa letrada para conservar la libertad propia, son los motivos que Alaya consideró para llegar a adoptar la medida cautelar contra Fernández, como ya hiciera antes, además, con su segundo de abordo.
Sin embargo el sindicato, por boca de su representante regional indicaba en rueda de prensa que: “Después de cuatro días encerrados en los Juzgados de Sevilla nuestros abogados no han encontrado ningún elemento, ni se ha puesto de manifiesto en el interrogatorio, que Fernández se haya lucrado personalmente de los ERE”. Con acusaciones así, quien necesita defensa. Bueno, sí, se me ocurre alguien: La propia Juez Alaya.
Fotografía: Mercedes Alaya a la entrada de su Juzgado.
Pedro M. González
