Seamos objetivos, por mucho que se empeñe la clase política en desviar la atención de si misma, el paro y los problemas económicos tienen en ella su origen.   No hay banquero que pueda endeudar su banco más de lo que un gobierno le autorice a través de sus órganos reguladores y supervisores (Banco de España, CNME, etc.), como tampoco ningún ciudadano hubiera incurrido en riesgo excesivo de préstamos hipotecarios (hipotecas basura), si el gobierno lo impide. Si los grandes especuladores financieros hubieran sido controlados, y los gobiernos no hubieran cedido al mercado el control de las oscuras operaciones financieras, de los bonos basura y demás instrumentos de una ingeniería financiera tan alambicada como fraudulenta, hoy no sufriríamos la profundidad de esta crisis económica. Son los gobiernos los responsables políticos de la crisis, pues no hicieron lo que debían hacer según las prácticas de buen gobierno, la sensatez y la honradez.   El Estado, sobre todo las administraciones locales y autonómicas, han aprovechado el boom inmobiliario para ampliar su red clientelar, gracias al fácil recurso del ingreso procedente de la construcción irracionalmente planificada. A los gobiernos les interesa mantener la ilusión de los votantes en el Estado de bienestar, pero en lugar de apostar por un sistema racional de servicio público han inducido la idea de que cualquiera podía acceder a una vivienda nueva, conducir un coche de alta gama o ir de vacaciones al Caribe.   A los banqueros les interesaba que los gobiernos promovieran tal política, pues hacía que sus beneficios crecieran. Y por si no bastara, los banqueros estaban dispuestos a perdonar préstamos vencidos a los partidos políticos y todos ellos, banqueros y políticos hicieron causa común por aquello de los beneficios descomunales y la corrupta mordida.   Nuestro problema, el de los ciudadanos de a pie, es que el régimen político vigente, un reparto indecoroso y desleal del Estado por los partidos, no cuenta con controles políticos, ni separación de poderes que equilibre la preeminencia del ejecutivo respecto del legislativo y el judicial.   Por tal razón, cuando al jefe del partido, o al núcleo oligárquico del partido, le conviene, por meros y espurios intereses partidistas, solapar, descuidar o menospreciar el interés general, no hay nadie, ninguna institución política, que advierta al jefe, a los oligarcas y, sobre todo a los ciudadanos, del rumbo desacertado, por no decir ruinógeno, de algunas de las medidas adoptadas.   En España es el ejecutivo el que controla al legislativo mediante la confección de las listas, por eso la importancia capital de cambiar este régimen electoral por uno abierto y representativo como el francés. Y, por si no bastara, entre el legislativo, controlado por el ejecutivo, y el propio ejecutivo, controlan el judicial, de manera que se hace imposible para los españoles hacer que cualquier “autoridad” cumpla la ley, ni se puede combatir con eficacia la corrupción institucional.   La responsabilidad política e incluso en algunos casos, criminal, de esta crisis económica, la tiene la clase política de esta Monarquía parlamentaria de partidos oligárquicos de Estado. Lo único digno, inteligente y eficaz es que los electores demos la espalda a la próxima convocatoria electoral, que nos abstengamos en masa, pues es la única forma pacífica de deslegitimar un régimen que no nos representa. Esto no es una democracia. Todo lo demás, como se decía antiguamente, vendrá por añadidura. Pero uno no puede regalar el voto a quien es el origen de los problemas, o mejor dicho, es el problema mismo.