Un alud de evidencias incriminatorias van cerrando el círculo de fuego sobre el que fuera Magistrado estrella de la hoguera de las vanidades partitocrática. Desde que el pasado 15 de abril Garzón acudiera al Tribunal Supremo (TS) a declarar como imputado por la percepción de retribuciones económicas de grandes empresas privadas cuyos asuntos se sustanciaban en su Juzgado bajo la tapadera de donaciones a cursos impartidos en la Universidad de Nueva York, cada nueva actuación judicial instructora precipita los acontecimientos en el mismo sentido. Ahora Garzón deberá pasar de nuevo por el Alto Tribunal a declarar como imputado por los delitos de cohecho y prevaricación tras la práctica de esclarecedoras diligencias judiciales sobre sus actividades americanas entre los años 2.005 y 2.006.   Entre tales diligencias se encuentra la orden remitida por el Magistrado del TS D. Manuel Marchena al Banco de España para que identificara y certificara los números de las cuentas corrientes declaradas por Garzón en el extranjero reclamando a su vez a los presuntos pagadores del entonces titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional “la certificación con identificación expresa de todos los procesos penales incoados, archivados, en trámite o en los que hubiera dictado cualquier resolución” entre los años 2.004 y 2.007 contra sus presidentes, consejeros delegados u otros miembros de los respectivos consejos de administración. Los destinatarios de tal oficio son nada menos que los bancos Santander Central Hispano y Bilbao Vizcaya Argentaria y grandes empresas como Telefónica, Endesa y Cepsa. Sin embargo, lo que está irritando la actuación instructora sobremanera es la actitud del centro educativo que es presunto instrumento ilícito para la obtención de los fondos transferidos por tales empresas a Garzón. El Juez Marchena critica en sus resoluciones interlocutorias “la contumacia demostrada hasta ahora por la Universidad, dilatando la respuesta a los requerimientos formulados por el Tribunal Supremo”. Recuerda que este Tribunal pidió a la Universidad de Nueva York hasta en siete ocasiones nada menos que aportara diversa documentación de interés y que el centro de estudios se opuso al entender que ya había manifestado y documentado toda compensación económica recibida por Garzón.   “Carecería de sentido – de hecho podría tener una traducción penal que a buen seguro no escapa al querellado – aceptar la contumacia hasta ahora demostrada por la Universidad de Nueva York (…) Una cosa es admitir que las autoridades académicas de la Universidad de Nueva York expidan certificados al dictado del querellado y otra bien distinta aceptar que sólo van a ser atendidas las peticiones y requerimientos que cuenten con el visto bueno del imputado” refiere contundentemente el auto de Marchena para negar la inexistencia de si quiera “asomo de indefensión” en la reiteración de la solicitud de documentación a la Universidad norteamericana según Garzón alegaba para intentar evitar su adición a la causa.   Asimismo, el Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil remitió el pasado 22 de Diciembre el informe interesado por el Juez Marchena por el que solicitaba averiguaciones sobre “el origen, persona, organismo o entidad pagadora de todos los ingresos percibidos por el Juez Baltasar Garzón entre el 1 de marzo de 2.005 y el 30 de Julio de 2.006” justificado en la necesidad de conocer el “exacto importe” de las sumas percibidas por Garzón en USA y la “conveniencia del examen” de los movimientos contables registrados durante su estancia en el país. El informe, cuyo contenido aún no ha trascendido, fue requerido por el instructor de la causa debido a “las inexactitudes y contradicciones advertidas en las respuestas dadas en el interrogatorio” practicado a Garzón en Abril, así como en la referida contumaz actitud de “desatención y las evasivas” del equipo directivo de la Universidad de Nueva York a la hora de remitir la información interesada.