La evidencia resalta en las situaciones críticas como un toro negro buscando pasto en una pradera nevada. La dependencia de una fiscalía sometida al ejecutivo que elige a su preboste máximo se escenificó en la última crisis de los controladores aéreos civiles con la presencia física del Fiscal General del Estado en el gabinete ministerial de urgencia convocado para coordinar actuaciones administrativas y judiciales. En esas ocasiones no hay tiempo para el disimulo y la actuación atropellada del poder único e inseparado de esta monarquía de partidos hace que el bloque motor de su actuación gire al unísono delante de todos sin remilgo ni paños calientes. La Fiscalía General del Estado intentó, sin embargo, justificar, que la incorporación de Conde-Pumpido al Consejo de Ministros del sábado cuatro de diciembre último en que se decretó el estado de alarma, está “expresamente prevista” en el artículo noveno del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y destacó que ello “no supone injerencia alguna” del Gobierno en la labor del Ministerio Público. ¡Como si el reconocimiento expreso y escrito de su dependencia fuera válido como declaración o prueba de todo lo contrario!   En una nota de prensa emitida después de las críticas de la Asociación de Fiscales a la presencia del Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido objetó que participó en dicho consejo gubernamental “a petición del presidente del gobierno”, en una situación notoriamente excepcional para que pudiera “ejercer en tiempo real” su función. El problema es que precisamente y por mor de su propio estatuto orgánico, esa función no es otra que la de servir de correa de transmisión entre el poder ejecutivo y la autoridad judicial, también controlada políticamente a través del Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia. Hay que tener mucho cuajo para defender que “como es obvio” esto no supone “injerencia alguna ni por parte del gobierno en las decisiones del fiscal en su ámbito funcional ni del fiscal en el legítimo ejercicio de las competencias que la constitución atribuye al gobierno democráticamente elegido por los españoles” (sic).   Las críticas a tan evidente escenificación de dependencia han sido calificadas por la Fiscalía como “intoxicaciones informativas” cuando no directamente como “interpretaciones partidistas o corporativistas orientadas a desmerecer la acción institucional del Ministerio Público”. No, Sr. Conde-Pumpido, nadie pretende desmerecer su labor y orientación de la actuación fiscal, realmente usted, como sus predecesores, independientemente del partido que les haya eligido, están ejerciendo a la perfección la función a que obedece su cargo.