Cheney (foto: haljordan 211299) Sea como sórdido placer en el dolor ajeno o como retorcida vía para descubrir la verdad, la tortura es el signo más acusado de la depravación humana. Los romanos, considerándola propia de salvajes, la empleaban únicamente con los esclavos, y el Santo Oficio descoyuntaba huesos en nombre de un Dios que “se sirve de todos los medios”; y a fin de cuentas eternas, un pequeño mal –el insufrible dolor del cuerpo y la humillación del espíritu hasta exigir la palinodia-, por un gran bien: la salvación eterna.   Hay innumerables ejemplos de inocentes que, para que cesara el tormento, se confesaron culpables o señalaron a los supuestos cómplices de su delito. Ya lo advertía Beccaria: “toda diferencia entre ellos –el inocente y el culpable- desaparece por el mismo medio que se pretende emplear para encontrar la verdad”. Tras la irrupción de la barbarie bélica en la civilizada Europa de inicios del siglo XX, en la que la tortura fue moneda común de la oficialidad imperial contra sus propios subordinados (como se confirmó en Viena, en los procesos militares que se abrieron después de 1919), se atisba la abyección sistemática del nazismo y el estalinismo.   “Ganas de dormir” de Chéjov, cuenta la historia de una muchacha que sirve en una familia que la abruma con trabajos durante todo el día y que por la noche la obliga a velar a un bebé, al que acaba por estrangular. El insomnio forzado es un gran medio de tormento, y además no deja ninguna huella visible; y si lo unimos a la asfixia simulada, aumentan las posibilidades de arrancar valiosas informaciones a los presos de Guantánamo, como argumenta el tenebroso Dick Cheney, como si la superpotencia americana tuviese que recurrir a métodos dignos de caníbales para enfrentarse a la difusa amenaza del terrorismo.   A los militares que hayan participado en la tortura de prisioneros debe aplicárseles la más rigurosa ley marcial. Y en cuanto a los políticos que han dado las “pertinentes” indicaciones, lo único decente en una democracia, sería condenarlos legalmente y expulsarlos políticamente. Felipe González, con su dilatada experiencia en grupos e impunidades antiterroristas, podría aconsejar a los gobernantes europeos.