La indecencia de la inseparación de poderes llega al punto de perder las apariencias más elementales de independencia judicial con tal de llegar al objetivo político perseguido.   Tan sabido, tan evidente es el manejo por designación de cargos y puestos judiciales por los políticos que les pagan y nombran, que cuando la materia en juego es de relevancia se pasa directamente al “fuera las caretas” poniendo las cartas sobre la mesa para ver si la jugada del contrario supera la propia.   El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso de los Diputados, D. Joan Ridao, ha acusado al Partido Popular de ejercer “un auténtico chantaje” para impedir la renovación del Tribunal Constitucional porque, a su juicio, la composición actual favorece un fallo favorable a sus intereses de partido, que serían que el estatuto catalán a día de hoy en pendencia ante tal “tribunal” sea declarado inconstitucional. Según Ridao, mientras tanto, el Partido Socialista permanece atenazado ante ese chantaje de la misma manera que lo estarían los restantes órganos de la cúpula judicial incluido el propio Consejo General del Poder Judicial, en los que la falta de acuerdo entre los partidos está provocando un comportamiento “anómalo” de las instituciones.   El razonamiento del independentista catalán es tan impecable, a excepción de la calificación de anomalía de una consecuencia natural y previsible, como cínico y describe a la perfección el funcionamiento de una justicia inseparada en su servil actuación a las órdenes del poder político, que se convierte en descaro a la hora de presentar sus reales en función del juego de mayorías coyuntural.   Se percibe como anómalo que la situación de bloqueo por el fracaso del consenso en los nombramientos provoque tímidas y torpes voces que reclamen independencia desde el que se hace llamar poder judicial, en realidad sólo sobre de cromos para el intercambio de los agentes políticos. Se tilda de anomalía que se lleve tres años a la espera de una sentencia de hondo calado político porque políticos son también quienes han de decidir sobre el sentido de un fallo en el que los fundamentos de orden jurídico son lo de menos y en el que el equilibrio de fuerzas determina la parálisis del órgano. Es anómalo que entretanto ningún magistrado se muera o jubile para elegir otro a conveniencia de la mayoría parlamentaria del momento. Lo que no es anómalo es que ante una rara situación de empate en los órganos de control y tribunales de la justicia inseparada se llegue a un bloqueo institucional insalvable.