En estos días de comentarios sobre el debate entre dos políticos que han simulado ser candidatos en una elección directa a Presidente del Gobierno, cuando solamente son el número uno de la lista electoral de su partido en una provincia determinada, se está reflexionando sobre el problema del montón de activos tóxicos del sistema financiero español que obstaculizan el flujo de crédito por los canales monetarios. Ninguno de ellos admitió la posibilidad de su recogida, todo fue un cúmulo de preguntas retóricas y réplicas que evitaban hablar de la creación de un “banco malo”. Una vieja idea que ha estado presente desde el inicio de la crisis y que muchos gobiernos ya han tomado, a pesar del inmenso coste político que conlleva.   Hace muchos años, en la década de los treinta, la puso en práctica el Gobierno Federal de Estados Unidos y en la década de los noventa lo hicieron Suecia, Noruega y Finlandia y… les salió bien. Alemania desde el año 2009 ha permitido a las instituciones financieras crear “bancos malos”, prueba de ello han sido los casos del Banco Público WestLB o del Banco Hypo Real Estate, cuyo “banco malo” ha recibido más de 200.000 M€ de activos tóxicos hasta ahora; Irlanda ha trasladado a la Agencia Nacional de Gestión de Activos (NAMA) cerca de 81.000 M€ de “activos tóxicos”; y el gobierno belga ha autorizado la creación de un “banco malo” para solucionar el problema del banco Dexia; en nuestro país, los dirigentes de los bancos se lo han reclamado al Banco de España, al Gobierno y a la cúpula del PP en varias ocasiones; y muchos analistas económicos han evaluado las diversas formas de hacerlo, entre ellos Fernando Fernández (“Financiación y reforma” en la obra colectiva “Lo que hay que hacer, con urgencia”, Actas 2011).   Nuestros dirigentes no se han atrevido a tomar ninguna decisión semejante y han estado dando palos de ciego desde comienzos de esta crisis. Primero otorgaron avales a las operaciones realizadas por las entidades de crédito que buscaban financiación ajena para aumentar la oferta de créditos. Después, al no conseguir lo pretendido, idearon la compra de títulos emitidos por aquéllas (19.342 M€) a través del Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF) con el objetivo de liberarles de inversiones e inyectar dinero en el sistema circulatorio del cuerpo económico. Y para calmar los ánimos de los depositantes incrementaron el importe máximo garantizado de los depósitos bancarios (100.000 euros).   Como todo ello no acababa de dar los frutos buscados, el Gobierno ideó una reestructuración bancaria (fundamentalmente en las Cajas de Ahorro) que ayudase de reforzar  la  solvencia  y  la  liquidez  monetaria mediante la concertación, fusión o absorción. Volvían a soñar con el flujo del crédito a las empresas y ciudadanos. Para animar la fiesta financiera, el Gobierno creó un mecanismo (el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB) que les aportaría capital, a través de la adquisición de participaciones preferentes u otro artilugio parecido en el Banco Financiero y de Ahorros (el conglomerado creado por Caja Madrid y Bancaja entre otras), en Novacaixagalicia, en Banca Cívica, en el Banco MareNostrum, en la Caja España-Duero o en Catalunyacaixa. Después se inclinaron por una línea más dura (FROB-2) mediante la participación directa en el capital, como ha sido el caso de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y recientemente de otras tres más: el 93% en NCG Banco (Novacaixagalicia), el 90% en Catalunya Caixa, el 100% en Unnim (un conglomerado de cajas catalanas). Mediante este mecanismo de ingeniería financiera, el Estado ha inyectado otros 20.617 M€.   Pero todos estos juegos financieros han parcheado las venas y han retrasado lo inevitable: limpiar de “activos tóxicos” los balances bancarios, llámense hipotecas difíciles de cobrar, créditos de promotores y constructores de dudoso cobro, inmuebles adjudicados por impagos, suelo urbanizable o a punto de serlo, deuda pública de diferente origen, efectos comerciales, préstamos personales, etc. etc.   Este gran problema financiero se ha convertido en una decisión política ¿cuál es la apropiada?: dejar que las entidades llenas de estos activos los digieran (“se coman el marrón”), quiebren si llega el caso y esperar a que el sistema se recupere; volver a parchear la situación y huir hacia adelante; nacionalizar todos los bancos con problemas (al estilo FROB-2); o impulsar la creación de un “banco malo” público que recoja toda esta basura a un precio razonable (¿50% del valor contable?), con la ayuda del FEEF (futuro MEDE).   En cualquier caso los gestores responsables deberían ser sancionados duramente, pues no es de recibo que muchos de ellos “se vayan de rositas”, con honores y escandalosas indemnizaciones.