Zapatero y Botín (foto: phungtri) Aunque en los mercados financieros holandeses del siglo XVIII, con los bulbos de los tulipanes como activo, ya se negociaban contratos derivados, hasta 1973, en Chicago, no se crea el que permite asegurar un tipo de cambio para una fecha futura; es decir, los derivados financieros que sirven para trasladar el riesgo de unos agentes que desean venderlo a otros que quieren adquirirlo. Los movimientos especulativos de una economía financiera desregulada han generado una situación mundial sin precedentes, en la que, sin embargo, no se pueden difuminar los rasgos propios de cada nación.   En España, por muchos apremios a la Banca y bravatas demagógicas que lancen desde el Gobierno, ya es inocultable la responsabilidad del conglomerado político y financiero -es decir, su complicidad oligárquica- en el nacimiento y desarrollo de la crisis específica que padecemos. A lo largo de treinta años, negocios comunes, financiaciones irregulares e impunidades garantizadas, han creado lazos de corrupción indisolubles; mientras conserven su incontrolado poder, no dejarán de tener paciencia unos con otros.   Don Emilio Botín (“que ha conseguido para la economía española lo que Severo Ochoa para la ciencia o Nadal para el deporte”, dice Anson, en una de sus composiciones ditirámbicas) ha dejado las cosas y las cuentas claras: “Es difícil, yo diría imposible, que el crédito aumente”; además, “las entidades harían un flaco favor si concedieran créditos de forma irresponsable”; y por si queda alguna duda, afirma que “el Santander está comprometido con este país”.   Con el desmoronamiento de la actividad productiva que el colapso financiero está provocando, los banqueros no pueden seguir operando en la oscuridad en busca de agio monetario, y emergen para maniobrar en la superficie y salvaguardar unos intereses que sitúan por encima de los de la sociedad civil. A pesar de sus discursos patrióticos, ellos corren por su cuenta: se ligan a uno u otro gobierno en la medida en que pueden ponerlo a su servicio; disponen de privilegios legales (crean ficticias cesiones de crédito y son absueltos con una doctrina “ad hoc”); y tratan de engullir a la competencia mediante concentraciones de capital avaladas por el poder político.