Juan Espadas ofrece a Susana Díaz un puesto en el Senado. El nuevo jefecillo del partido regional ofrece un retiro dorado a la rival político, porque él puede, porque lo vale; porque en este Estado de partidos no existe representación política, y los cargos, sin ninguna vinculación efectiva con el votante —que no elector—, son utilizados para otorgar a los correligionarios un modo de vida, y una pensión vitalicia, sólo al alcance de los miembros de la clase política.
Señalan Alberto Iturralde y Emilio Triviño con ejemplos cómo los medios de comunicación mayoritarios, al servicio del statu quo partidocrático, consolidan una hegemonía cultural que hace que muchas veces comprobemos que la visión del mundo que intentan inculcarnos no tiene que que ver con la realidad que se desenvuelve ante nuestros ojos. Insisten, asimismo, en la fuerza del boca a boca en la defensa de la abstención electoral activa como modo de lucha pacífica contra el régimen.
En cuanto a la reducción de pensiones para los llamados baby boomers anunciada por el ministro Escrivá y desmentida casi en el acto, Ignacio Ruiz Quintano reflexiona que «Nuestra estadolatría (“esa ruindad española hecha de miedo, veneración y picardía ante los recursos del Estado”) inauguró Régimen en el 78: la Socialdemocracia, con una marca de referencia, el partido socialista, y su marca blanca, el partido popular. En palabras de Negro Pavón, con el cuento del Estado de Bienestar, el Estado socialdemócrata (la forma más desarrollada de totalitarismo en sociedades doctrinalmente libres) ha rebajado ya a las clases productivas a la condición de siervas de la “nomenklatura”, que es lo único que produce, al obligarlas a compartir con ella sus bienes y las rentas de su trabajo».
El gobierno andaluz propone pensiones vitalicias para los expresidentes de la Junta. La «oposición», ahora en el gobierno regional, propone estas pensiones vitalicias a las que antaño se opuso. Qué mejor prueba añadida de la existencia de una clase, la clase política partidocrática, que, traspasando las lábiles fronteras de las facciones del Estado, también conocidas como partidos, extiende su espíritu de solidaridad mafiosa —pues el historial de corrupción no es más que un mérito añadido— a la concesión de prebendas a tutti quanti.
Tras analizar in extenso el abuso de la temporalidad en el empleo por parte de las Administraciones Públicas, Luis Escribano concluye que «los partidos políticos pervierten las normas que ellos mismos aprueban, y lo excepcional lo convierten en lo ordinario, con una clara vulneración de derechos fundamentales de los españoles. Y la nación española lo admite como algo natural, aunque luego muchos de sus miembros no paran de quejarse del bajo nivel que tienen muchos empleados públicos. Si lo analizan con esmero, es una contradicción que la mayoría de españoles exija resultados de lo que en verdad depende de ella misma. El día que dejen de votar, podrán poner fin a estas aberraciones (…) Si observan con detenimiento, los partidos políticos españoles, que no dejan de ser partidos de Estado, no paran de moldear a su antojo dichos derechos y libertades fundamentales, usurpando al pueblo lo que le pertenece. Y ya saben que, el que otorga, puede quitar. ¿Hasta cuando dejará la nación española que los partidos políticos sigan mangoneando sus derechos o libertades fundamentales? ¿Qué más evidencias necesitan para poner fin a esta dañina partidocracia?».
Nuevo varapalo del Consejo de Transparencia a la Consejería de Salud [de la Junta de Andalucía] al estimar otra reclamación de Justicia por la Sanidad. Como señala Luis Escribano, «a estas alturas deberían saber que, en este régimen partidocrático, las propuestas que realizamos algunos funcionarios de carrera en aras del interés general son marginadas, y que los supuestos “derechos” que los partidos políticos introducen en las leyes y venden como buhoneros no son más que mera propaganda, dado que no se garantiza su efectividad. Además, quien hoy otorga derechos mañana los puede quitar, porque no es el pueblo español quien se los otorga a sí mismo, como ocurriría en una democracia formal. No hay más que observar cómo el sistema obliga a los ciudadanos a meterse en una vorágine de reclamaciones y recursos judiciales que no se resuelven hasta pasados unos años, con el único fin de llevar al hastío a los osados que pretenden acceder a informaciones públicas que las propias leyes reconocen como un supuesto «derecho». En esto consiste el cuento de la «regeneración democrática» que corean continuamente los políticos de esta partidocracia a los españoles, tal como indica de forma hilarante la denominación de la Consejería que dirige el Vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín (C’s), una tomadura de pelo más a añadir a las tantas a las que tienen acostumbrados a los españoles, sin que estos reaccionen apropiadamente. Lo he reiterado muchas veces, y seguiré haciéndolo, porque en el futuro, algunos irán descubriendo que la mayoría de los españoles se mantienen atados con cadenas en la caverna a la que se refería Platón en su alegoría, y que mis palabras no son suposiciones sin fundamento».
Sobre la polémica desarrollada en torno a la sentencia del Tribunal Constitucional en torno al estado de alarma, Ignacio Ruiz Quintano señala lo siguiente: «de “responsabilidad” (la que presupone que lo arbitrario está excluido del gobierno, sometido a una instancia diferente ante la que responder) habla en 1787 Alexander Hamilton, partidario de que cualquier tribunal de justicia declare nulos todos los “actos contrarios al sentido evidente de la Constitución”, pero Hamilton no piensa en Conde-Pumpido, a quien Hamilton le suena a corredor de autos y que ha votado a favor del Gobierno en lo del decreto de alarma porque “la sentencia crea un grave problema político”. ¿Qué problema? ¿A quién?. La responsabilidad política viene incluida de serie con la democracia y está vinculada al principio de representación. Pero en el Estado de partidos, que es lo nuestro, prevalece el principio de identidad sobre el de representación, y el sistema proporcional hace de la responsabilidad política una tautología, cosa que ya sabíamos por quien lo advirtió en su día: “el consenso permite eludir la imputación de responsabilidades personales. Nadie responde en un consenso”».
Alberto Iturralde y Emilio Triviño indican que con el anteproyecto de reforma de la llamada Ley de Seguridad Nacional (que proviene de la iniciativa legislativa del gobierno, que anula así la que debería ser la potestad legislativa del parlamento como representante de la nación) se eliminan los controles judiciales sobre la labor del ejecutivo, que dispondría sin control de los bienes y haciendas de los súbditos (al parecer, incluso en un nuevo supuesto, el de crisis económica, según indica el jurista José Luis Escobar). Observan asimismo que ningún partido de la oposición ha levantado realmente la voz, pues esperan algún día usarla en su beneficio de acuerdo con su solidaridad de clase partidocrática.
