El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado la Memoria anual de la Justicia correspondiente al año 2.010. El documento ofrece un diagnóstico de la actividad judicial partiendo de datos estadísticos detallados sobre su funcionamiento. La Memoria del Poder Judicial intenta describir el estado general de los Juzgados y Tribunales españoles y la actividad de las diferentes comisiones que integran el CGPJ. Este informe será elevado a las Cortes Generales, donde el Presidente del órgano de gobierno de los jueces, D. Carlos Dívar, comparecerá en el último trimestre del año para explicar sus cifras en acto simbólico de rendimiento de cuentas a quienes designan el órgano rector de la vida judicial.   Más allá de la evidente dación de cuentas a sus superiores, la redacción de la Memoria se configura como un método evaluador interno de la Justicia, como una especie de auditoría. Sin embargo los datos estadísticos no sirven para medir la calidad de la misma, sino sólo su eficiencia administrativa o más aún burocrática. Las cifras de asuntos y sentencias de instancia no revocadas en segunda instancia, por ejemplo, no pueden servirnos ahora para medir la calidad de las resoluciones dictadas cuando a la par se imponen serios recortes de los derechos del justiciable reduciendo los proveídos que puedan ser objeto de recurso o imponiendo peajes económicos para acceder a tal impugnación de las decisiones judiciales. La administrativización de registros civiles y la burocratización de la Secretaría del Juzgado, ahora Oficina Judicial, supone la exclusión de la función jurisdiccional de lo que antes era actividad sometida a la potestas judicial y que ya no forma parte de la estadística.   No es de extrañar que la Memoria recoja un descenso en el número de quejas, reclamaciones y recursos de los ciudadanos comparativamente con pasados ejercicios. Es que sencillamente podemos quejarnos y recurrir menos, y además de forma costosa. La estadística tampoco sirve para medir el grado de independencia judicial, que en irremisible tendencia centrípeta hacia el poder único e inseparado de los partidos y aun siendo ya meramente nominal, no sacia el ansia de concentración de éstos. Cada nueva reforma es siempre, por la propia dinámica institucional de este estado de poderes inseparados, hacia una concepción totalitaria del poder.   La Memoria de este “Poder Judicial” es otro ejemplo de la inutilidad, cuando no de lo perjudicial, de la aplicación de la metodología de las ciencias físicas y naturales a las ciencias sociales como son el Derecho o la Economía. El método de análisis de las ciencias naturales a éstas, mucho más complejas a pesar de lo que aparentemente pueda parecer, arroja resultados no sólo no determinantes, sino claramente erróneos y que llevan a la confusión. Explicaba De Jouvenel que los procesos de las ciencias sociales son sensiblemente más complejos que los fenómenos físicos, “y sin embargo se da la paradoja de que las gentes están menos dispuestas a reconocer su ignorancia en cuestiones sociales que en cuestiones de física. Los individuos de a pie no emiten juicios sobre acústica, electromagnetismo o termodinámica, pero muchos sí se creen capacitados para opinar sobre economía, a menudo incluso pomposamente. Lo que se echa en falta aquí es por supuesto un ápice de humildad y sensatez, virtudes olvidadas por no pocos historiadores”.