El presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, flirtea con el independentismo, pero sus reivindicaciones podrían sonar a cortina de humo porque se ha conocido ya que cuando hizo sus polémicas declaraciones soberanistas, Marc Puig Guàrdia, que sustituyó a David Madí en 2003 como responsable de Comunicación de la Generalidad por encargo del que entonces era consejero Jefe, el mismísimo Artur Mas, había sido llamado a declarar como imputado por el Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona. Puig Guàrdia es actualmente director de Comunicación y Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona y se le acusa de posible financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).
Un informe de la Agencia Tributaria, conocido a finales del pasado mes de septiembre, señaló que Puig Guàrdia, ex secretario de Comunicación de la Generalidad con Jordi Pujol (2003-2004), era el administrador de una de las empresas que podría haber actuado como intermediaria en el pago de comisiones de la constructora Ferrovial a CDC, a través del Palacio de la Música y su ex presidente, Fèlix Miles, a cambio de la adjudicación de obra pública, según informa La Voz de Barcelona.com.
El Palau de la Música ingresó en 2006 un total de 59.975 euros en una cuenta corriente de Emocional Base S.L. que, según los técnicos de la Agencia Tributaria, constituyó una forma de pago a un tal ‘Daniel’, identificado como Daniel Osàcar, ex tesorero de CDC e imputado en el proceso. Emocional Base fue administrada por Puig Guàrdia entre 2004 y 2008. Comparecerá ante el juez el próximo 22 de octubre.
Por otra parte, en Emocional Base, que tuvo entre sus clientes a CDC, trabajó entre 2006 y 2008 como responsable de cuentas la hija de Daniel Osàcar, Mònica, quien poco después de conocerse la imputación de su padre en la presunta financiación ilegal de CDC -y a la vez que la cúpula de la formación nacionalista cerraba filas en torno a él- fue nombrada responsable de Publicidad Institucional de la Generalidad.
El juez encargado del caso Palacio de la Música, Josep Maria Pijuan, impuso el pasado mes de julio una fianza de 3,3 millones de euros a CDC por considerar a esta formación ‘responsable civil, como partícipe a título lucrativo’ del desfalco de la entidad musical. Una cantidad que la formación nacionalista tuvo que abonar para evitar el embargo de sus bienes, pese a que atribuyó la orden del juez a un ataque del “españolismo intransigente”, el mismo tono que emplea Mas para desviar la atención sobre esta corrupción económica.
Pijuan detectó indicios de que, entre 2002 y 2008, CDC recibió fondos del Orfeón Catalán por valor de 2,3 millones de euros a través de los entonces tesoreros del partido, Carles Torrent -ya fallecido- y el citado Daniel Osàcar, y otro millón de euros a través de las empresas de buzoneo New Letter, Letter Graphic y Mail Rent.
El informe de la Agencia Tributaria cifra en 23,4 millones de euros el balance definitivo del expolio al Palacio de la Música perpetrado por los que fueron sus máximos dirigentes, Fèlix Millet y Jordi Montull. De ellos, 4,4 millones se desviaron mediante pagos a los ex tesoreros de CDC, y otros nueve millones se los repartieron Millet y Montull, incluyendo el pago de múltiples viajes por todo el mundo.
El juez todavía no ha conseguido averiguar el destino de los diez millones restantes debido a que, pese a que la investigación policial ha seguido el rastro de los cheques pagados en efectivo por ventanilla, diversas entidades bancarias (especialmente la antigua Caixa Catalunya) se han negado a identificar a las personas que los cobraron.
