La Fiscalía Anticorrupción, dependiente del ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, que nombra a su superior directo, ya ha reclamado por escrito al Banco de España la documentación secreta sobre Bankia. Es una pantomima más que persigue justamente lo contrario: si interviene la Fiscalía y centraliza todas las investigaciones, el resto de las denuncias se caen y lo que sobresale es precisamente la impunidad gracias a la dilación del proceso, como ocurrió con Caja Castilla la Mancha y su máximo responsable, el socialista Hernández Moltó, un ex diputado del PSOE en el Congreso que decidió convertirse en banquero y arruinó la caja manchega que dirigía.
Anticorrupción actuó en este caso en 2009 y todavía está pendiente de sentencia en la Audiencia Provincia, es decir, no se ha hecho nada. Ha salvado así a los delincuentes financieros de cuello blanco. Este asunto fue analizado por Radio Libertad Constituyente y fue el abogado Antonio García Trevijano quien alertó de las similitudes con el caso de la caja manchega.
“Es la misma trampa que en Caja Castilla la Mancha, cuando la fiscalía, siguiendo órdenes del PSOE y del PP, investigó el tema y aún no ha dictado una resolución. Mientras tanto, el Sr. Moltó y sus compinches están de rositas. Impunidad para los malvados. Es la ley que la mafia política y económico-financiera impone a la judicatura”, corrobora el economista Roberto Centeno.
“Si España hubiera sido intervenida hace una año, Rato y sus secuaces no hubieran perpetrado el expolio Bankia, ni el de la CAM, ni ningún otro. El despilfarro autonómico no hubiera podido continuar, y cientos de miles, tal vez un millón de empleados públicos nombrados a dedos, habrían sido despedidos. Ya se sabe, como nos enseña la Estructura Económica de España, que por cada puesto eliminado en el sector público se crean 2,8 puestos en el sector privado, lo que significa que en lugar de destruirse 700.000 empleos se habrían creado o estarían creando 1,8 millones de puestos de trabajo”.
