Quedarse a media salida en una situación de peligro para el marco que defiende es un gesto que sirve para reconocer a los malos porteros de fútbol. Algo así sucede con el quiero y no puedo del asociacionismo judicial disconforme con la absoluta situación de dependencia de la justicia de la política, que identificando el mal no acierta a proponer de una vez por todas la única solución posible: La absoluta separación en origen de los poderes del Estado instituyendo un Consejo de Justicia con presupuesto propio y elegido por cuerpo electoral separado conformado por todos los operadores jurídicos que sustituya al actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Cualquier propuesta de reforma resulta inane dado el vicio natalicio de la dependencia, y cualquier intento de “regeneración” es otra nueva vuelta al bucle de la inseparación, ya que donde nunca existió separación de los poderes del estado no cabe regenerar nada.   El Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite un recurso contra la designación por parte del CGPJ de los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y Valencia interpuesto por el Foro Judicial Independiente (FJI). Así lo comunicó el paso 24 de Febrero esta asociación mediante un texto en el que denuncia que los partidos políticos han convertido el CGPJ “en una réplica perversa de las mayorías y minorías partidarias presentes en el Parlamento”, politización que “se transmite de forma por todos conocida a la designación de los más relevantes cargos judiciales”. Ni el mismo San Pablo tras caerse del caballo, oiga. Esta es la razón que ha llevado a FJI a impugnar el nombramiento de Dña. Pilar de la Oliva (de la asociación conservadora Asociación Profesional de la Magistratura) como Presidente del TSJ valenciano y el de D. Miguel Ángel Gimeno (de la progresista Jueces por la Democracia) como Presidente del de Cataluña.   Sin embargo FJI se equivoca cuando señala en el mismo comunicado que “a través de estos nombramientos el Gobierno y los partidos de la oposición, sea cual sea su composición en cada momento, están acabando con la independencia del Poder que está llamado a controlarles y defender los derechos de los ciudadanos”. Y yerra porque no se puede acabar con lo que nunca existió ni llamar poder a lo que no se encuentra así instituido (de institución) en un engranaje pseudoconstitucional cuya misión es precisamente garantizar el control de la Justicia por los partidos políticos. Cabría preguntarse incluso si la valentía que parece inferirse de tales manifestaciones se sostendría de ser elegido para alguno de estos cargos algún miembro de la asociación que ahora denuncia el amaño de este Estado de un solo poder y varios partidos.