A fuerza de no entender la naturaleza íntima de la cuestión nacional, ha llegado a creerse que un conflicto político de orden particular, basado en último término en la diferencia idiomática, puede resolverse con una fórmula indiferenciada de orden general. Sea la solución autonómica o la federal. El prejuicio uniformador del Estado opera como en la dictadura, pero al revés. Antes que admitir el hecho de, y el derecho a, la diferencia políticade una comunidad lingüística, ese prejuicio prefiere desconocer, con su grosera generalización de las excepciones, la realidad y la idea histórica de España. El fracaso de la solución autonómica en la amortiguación de las aspiraciones nacionalistas extiende la opinión, más ingenua que perspicaz, de que el conflicto sólo se apaciguará con la administración única en las autonomías o con la división de la soberanía en un Estado federal. Es revelador que esas dos ideas generalizadoras no surjan del nacionalismo lingüístico, y que nadie esté en condiciones de fijar las competencias necesarias para colmar el techo autonómico, o los Estados subnacionales que se precisan para recomponer un Estado federal. ¿Tantos como autonomías? La confusión en este terreno llega a ser tenebrosa.
La raíz de tanto desvarío político se halla en la culpable persistencia cultural del concepto subjetivo y prefascista de nación. Un concepto que Ortega importó del plebiscito diario de Renan, con su bella tontería del «proyecto sugestivo de vida en común», y que José Antonio consagró en su hitleriana «unidad de destino en lo universal». Concepto voluntarista de un hecho existencial, como el de la familia o el paisaje donde nacemos, que lo mismo sirve de pretexto al imperialismo de los «destinos manifiestos», que a la multiplicación de puestos de mando para las élites provincianas capaces de hacer creer que la patria es un lugar que «se hace» y no el nicho histórico donde se nace. La investigación del nacionalismo en la moderna historia comparada ha destruido la hipótesis romántica de la identidad nacional. Y ha probado que la manipulación del sentimiento nacional, en las comunidades lingüísticas reprimidas, sólo es una de las formas políticas, más movilizadora que las basadas en sentimientos de clase, de luchar por el poder en el Estado o frente al Estado. A partir de ahí, sólo disponemos de una regla para medir el carácter progresista o reaccionario de la administración única, la federación o la autodeterminación de las nacionalidades. La regla de la democracia y de los derechos humanos.
Este patrón no coincide necesariamente con el criterio marxista de apoyar la libre determinación de los pueblos con clases dirigentes más avanzadas que las del centro político dominante. Pero antes de mirar la situación del poder autónomo respecto a la democracia, en comparación con la del Estado, debemos dar por descontado que la autodeterminación sólo ha podido realizarse, como hecho y no como derecho, cuando a una tercera potencia internacional le ha convenido. Y si nuestro nacionalismo periférico afirma, como si fuera un derecho natural, que nadie le ha preguntado si quiere estar o no en el Estado español, y bajo qué modalidad, está diciendo una obviedad que podemos repetir al pie de la letra los demás españoles. La pertenencia al Estado de los pueblos que alcanzaron la unidad nacional antes de la revolución francesa no es el resultado voluntario de un pacto entre gobernantes locales, ni de un plebiscito entre gobernados, sino un hecho involuntario de la existencia colectiva que fue históricamente determinado por las luchas de poder en Europa. Pero la forma del Estado, que no es un hecho existencial ni un producto de principios permanentes, puede y debe ser variada para asentar la relación de poder entre los pueblos de España en la democracia, y no, como ahora, en el inestable equilibrio de oligarquías nacionales y locales.
*Publicado en el diario El Mundo, el lunes 21 de febrero de 1994.
