El Tribunal de Cuentas ha cambiado de criterio tras renovarse su composición por acuerdo entre PP y PSOE. Ahora entiende conforme a derecho que la Generalidad de Cataluña avale con dinero público a sus treinta y cuatro altos cargos implicados en el desvío de fondos para organizar un referéndum ilegal y promocionar el llamado «procés».

La cuantía de estos avales asciende a 9 millones y medio de euros, que Puigdemont, Mas y compañía ya no tendrán que soltar de su bolsillo, sino que saldrá del de los contribuyentes. Todo gracias al PSOE y sí, también al PP, que sabía las consecuencias del cambio de cromos.

Es sabido que la corrupción de las instituciones y del lenguaje corren paralelamente. De igual modo que se sigue llamando Justicia a lo que no lo es, hace tiempo que estamos acostumbrados a llamar jueces a quienes no lo son, como ocurre con los magistrados del Tribunal Constitucional, o tribunal, a órganos simplemente administrativos y sin poder jurisdiccional alguno dirigidos por la partidocracia.

Lo peor de todo es que si ya ahora resulta una hipérbole legal llamar tribunales al de Cuentas, al para la Defensa de la Competencia o a los Económico-Administrativos, cuando son simples órganos administrativos fiscalizadores de la actividad pública o privada que carecen de potestad jurisdiccional alguna, vamos camino de que los órganos dependientes del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) sufran la misma consideración meramente nominal ante la pasividad de sus burócratas integrantes.

La legislación social franquista llamaba Magistratura de Trabajo al ejercicio por el sindicato vertical de la «Justicia Social», bajo la dependencia del Ministerio de Trabajo, valedor último del Fuero de los Trabajadores. De la misma forma se llama hoy Tribunal Constitucional a la reunión de la élite leguleya de los partidos para servir de filtro de conveniencia a la legalidad vigente. Ya se sabe, de la ley a la ley.

La administrativización de la forma y de los procesos de impartir justicia es nota característica de la ausencia de separación de poderes, a causa de la natural tendencia expansiva del poder político. Sin instituciones inteligentes que delimiten claramente su esfera de actuación y se garantice la independencia judicial, esa tendencia expansiva del criterio de oportunidad político en detrimento del derecho, es inevitable.

La fagocitación de lo judicial por la política desemboca en su administrativización.  La orgánica de la Justicia se dirige así no a garantizar su independencia, sino a un simple problema de eficiencia en la asignación de recursos en función de lo que convenga a los consensos políticos del momento.