En anteriores ocasiones, he analizado cómo una superestructura burocrática como es la Unión Europea impide la actuación libre de la justicia española. Si una unión política no consigue que las decisiones de los órganos de los países miembros sean inmediatamente ejecutivas sin excepción en otro Estado de esa organización, todo lo demás sobra.

Y si así es hacia el exterior, también ad intra la organización estatal de las comunidades autónomas contribuye a anudar sus lazos de dependencia del poder político.

En efecto, y partiendo de que la separación orgánica y presupuestaria de la justicia son requisitos indispensables para llegar a su independencia, la mera existencia de un Ministerio de Justicia (y de las consejerías autonómicas con dicha competencia transferida), resulta ontológicamente contraria a una democracia. El concepto de Administración de Justicia pasa de significar modo o manera de hacer cumplir el derecho, a definir la organización de la burocracia dependiente del ejecutivo destinada al cumplimiento de los fines de quien la organiza, paga y dota presupuestariamente.

La simple existencia de un Ministerio de Justicia es incompatible con la independencia judicial. Si el Ministerio es quien paga y organiza materialmente la judicatura, ésta servirá a sus prebostes políticos. Y si el ministro del ramo es nombrado por un presidente del ejecutivo que a su vez es investido por la asamblea legislativa, cerramos el círculo vicioso de la inseparación de poderes. Uno para todos y todos para uno.

Pues bien, partiendo de tal verdad, el Estado de las autonomías, en el que cada competencia transferida se convierte en mercadeo de pactos inconfesables y es pieza de caza mayor de los sacrificios del consenso, multiplica el problema en proporción al reparto de las distintas áreas que conforman la jurisdicción. Bajo la excusa de una administración más cercana se duplican los lazos de dependencia. Esa cercanía se convierte así en vigilancia aún más estrecha. No sólo se ata a la justicia, sino que además se hace en corto con otro eslabón en la cadena de mando.

El Ministerio de Justicia y las consejerías autonómicas con competencia en la materia deben desaparecer como paso necesario para alcanzar una democracia en España. Sus atribuciones deben pasar a un verdadero órgano de gobierno de lo judicial elegido por todos los operadores jurídicos, dotado de independencia económica, funcional y organizativa, que provea de medios y que determine tanto los destinos como la progresión en el escalafón judicial, sin más interferencia externa que la ley emanada de la asamblea, el reglamento de desarrollo de tal legislación y la aprobación presupuestaria sobre la previsión de ingresos y gastos que elabore la propia justicia para atender a sus necesidades. Y eso tiene un nombre, el que García-Trevijano le da en su magistral Teoría Pura de la República: Consejo de Justicia.