Afirmaba Álvaro García Linera —exvicepresidente de Bolivia con Evo Morales— en una entrevista concedida a la Fundación Rockefeller, que una Constitución se redacta siempre en contra de alguien, es decir, en contra del adversario o enemigo político. De este aserto podemos extraer, al menos, dos conclusiones. La primera sería que no estaríamos hablando estrictamente de unas reglas del juego político, sino de una jugada política que subyugaría, mediante la ley de leyes, a una parte de la nación. La segunda nos conduce a la siguiente pregunta: ¿quién tiene y de dónde mana el poder para redactar esa Constitución?
La causa principal de las desgracias, ruina y calamidades generalizadas que sufren los países de la América hispana, según el criterio de quien escribe estas líneas, es que todos sin excepción, carecen de una verdadera Constitución.
Si entendemos que la democracia es el gobierno del pueblo, habría de ser éste, en toda su diversidad y complejidad, y haciendo uso de la libertad política colectiva, quien debería redactar el texto constitucional mediante representantes elegidos para tal fin. Pero resulta más que evidente que esto no sucede así, y que la herramienta fundamental de la que se sirven las élites legiferantes para su redacción, siempre a la medida de sus intereses, es el aberrante sistema proporcional de listas de partido, dando como resultado unos textos cargados de ideología en uno u otro sentido que, ignorando los intereses materiales de la ciudadanía, atiborran de inútil charlatanería unos textos constitucionales que lo único que deberían contener es la partición de la potencia estatal en dos poderes antagónicos que sirvieran como contrapeso y control de un poder sobre el otro, es decir, el poder de la nación frente al poder del Estado, con un sistema judicial absolutamente independiente del poder político.
Estas constituciones ideológicas de partido lo único que pretenden fragmentar es el poder de la nación, que queda inerme, sin posibilidad alguna de controlar el poder del Estado.
Entonces, ¿qué constituye una Constitución así redactada? La respuesta a esta cuestión es bien sencilla, la legitimación plebiscitaria de un poder sin control.
Sin embargo el pueblo chileno, después del estallido social de 2019 y haciendo gala de un extraordinario sentido común, parece haberse dado cuenta del engaño, abriendo con su ejemplo, una puerta a la esperanza.
Muchos medios, como la CNÑ o la misma expresidente chilena Michelle Bachelet, hablan de fracaso al haber sido rechazadas tanto la propuesta de izquierdas de 2022 como la de derechas de 2023. Pero el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales, Javier Couso, comenta en una entrevista a la citada cadena que ambas propuestas estaban plagadas de normas que pertenecen al ámbito legislativo y que, por lo tanto, no deberían figurar en un texto constitucional, aunque por otra parte, justifica que en ambos casos, esa redacción se haya llevado a cabo por comisiones de diputados de prestigio pertenecientes a los partidos políticos de la Cámara —la de 2023 paritaria, integrada por doce hombres y doce mujeres—, argumentando que el pueblo chileno es moderado en sus aspiraciones políticas. Por su parte, el presidente Boric ha comunicado que en lo que resta de su mandato no habrá ninguna propuesta de redacción constitucional.
Lo que resulta especialmente significativo tanto en el caso chileno, como en la mayor parte de los países de su entorno y también de la Unión Europea, es la manera en la que los partidos políticos estatales se arrogan un poder que únicamente le corresponde al pueblo.
Para la consecución de una legítima y verdadera Constitución ha de abrirse un período de libertad constituyente, tomándose el tiempo que hubiera menester para la reflexión —por ejemplo, ese parón anunciado por el señor Boric podría ser una gran oportunidad—, y convocar posteriormente elecciones constituyentes con representantes políticos de distrito para su redacción, no un proceso constituyente partiendo de un poder ya constituido, que es lo que ha ocurrido en Chile como también ocurrió en España con la Constitución de 1978.
