A raíz del golpe institucionario pergeñado en la desastrosa «Constitución» de 1978, observamos que las instituciones resultantes del reparto atentan de forma canónica, a modo de una transición inacabable, que nunca llega a puerto.

La base de legitimación y legalización franquistas ha forzado a la oligarquía política resultante de la concordia a despejar su pacto fundante constantemente, con un chapucero resultado si se analiza desde casi todos los planos, excepto la bonanza económica y de poder para determinadas élites propias y ajenas.

En primer lugar, en 1976, tiene cabida la voladura controlada del régimen franquista mediante la Ley para la Reforma Política, que consistió en una serie de medidas encaminadas a la liquidación de las instituciones vigentes. Esta fase puede estar definida en la máxima «de la ley a la ley» de Torcuato Fernández-Miranda; usada como pretexto de legalidad, aunque contraria al régimen franquista, y a la vez, favoreciendo la reforma en lugar de la ruptura.

Con el visto bueno de Las Cortes, se celebran unas votaciones de refrendo a los partidos legalizados en 1977 que, por arte de magia, se convierten en votaciones constituyentes.

Sin libertad política, le es ofrecida al pueblo una «Constitución» redactada en secreto, presentada como la alternativa democrática genérica al franquismo. La oligarquía misma decide que no se someten a ‘democracia’ ni la forma de Estado ni la de gobierno: en 1978, el pueblo se tiene que tragar algo que llaman monarquía parlamentaria, pero que es de facto un Estado de partidos (coronado) a la europea.

A continuación, el rumbo institucionario se encamina a la fragmentación territorial de España, a favor de lo que se conoció como el «café para todos» de Adolfo Suárez, multiplicando la cuota de poder en manos de los partidos hacia instituciones artificiosas territoriales.

A pesar de haber sido establecida la «Constitución», este periodo se caracteriza por la inestabilidad política, el terrorismo, el descontento de algunas facciones estatales, sobre todo militares, en que a todas luces el monarca Juan Carlos ordenó un golpe de Estado en 1981 con el propósito de instaurar un gobierno de concentración, pero fue abortado.

El siguiente atentado institucionario fue la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, confirmación positivada de la imposibilidad del establecimiento independiente del poder judicial por la mala arquitectura jurídica de las leyes fundamentales, subyugando de pleno la judicatura en manos de los partidos.

En 1986, Felipe González consigue, a través de los medios a su alcance como presidente del gobierno —y dando un criterio contrario al mostrado años antes en «la oposición»—, que se celebre un referéndum favorable a la entrada en la OTAN. González no sólo consiguió que los españoles aceptaran la subordinación militar a intereses extranjeros a través de esta alianza, sino que además firmaría la adhesión a la Unión Europea un año antes, sentenciándonos en lo económico.