El consenso es la más antidemocrática de la reglas porque anula la representación política de los votantes y neutraliza la separación de los poderes del Estado. Dos elementos esenciales sin los cuales no existe la democracia como forma de gobierno. La democracia como ideología o como religión es otra cosa. La ausencia de los dos elementos mencionados es además la causa madre de la corrupción política y económica.

Mediante el consenso entre los partidos políticos o, mejor dicho, mediante el consenso entre los jefes de los partidos políticos, el Congreso, el Senado y las Cámaras Legislativas autonómicas quedan convertidos en meros teatros en los que se escenifica la farsa de aparentar que se decide algo.

Los “diputados y senadores de partido”, que no de los ciudadanos, aunque estos últimos voten la lista de partido en la que están incluidos aquéllos, son los encargados de escenificar y aparentar que discrepan y debaten sobre algo que previamente ya está consensuado y decidido.

Siguiendo al pie de la letra las instrucciones coactivas impartidas por el jefe de su partido y por la curia que rodea a este último, los “parlamentarios de partido” son los encargados de representar ante los ciudadanos la farsa y comedia de lo que ellos mismos denominan democracia. Leen el monólogo del personaje que interpretan, previamente escrito en cuartillas con letras grandes o muy grandes, incapaces de parlamentar espontáneamente sobre el tema ya decidido fuera del hemiciclo parlamentario.

En un “directorio” formado por los jefes de los partidos, con un número de votos, cada uno de ellos proporcional al número de apoyos recibidos en las últimas votaciones, reunidos en una pequeña y cómoda sala para consensuar y repartir, el resultado sería el mismo que el que ahora obtienen los parlamentarios representando a los jefes de sus respectivos partidos. Eso sí, los contribuyentes nos ahorraríamos el coste de mantener a más de mil parlamentarios estatales, tanto los congresistas y senadores como los autonómicos, y todo el boato y parafernalia que rodea a unos y otros.

El consenso ha reducido el Régimen político español a un “Estado de farsa y teatro” obligatorio para todos, en el que quien menos cuenta es el ciudadano espectador que, eso sí, obligatoriamente, quiera o no quiera, tiene que pagar con sus impuestos. Durante el año natural todos los días obligatoriamente pagará la entrada por presenciar el espectáculo partidocrático al comprar combustible, ropa, electrodomésticos, verduras, carne, etc., y, además,  el año siguiente pagará también la diferencia hasta igualar la cuantía que los partidos políticos consideran necesaria para mantener toda la actividad teatral del Estado de partidos.

Las propuestas electorales de los partidos políticos quedan anuladas por el consenso entre los jefes de los propios partidos políticos, aunque hayan sido propuestas electorales del partido cuyas listas electorales resultaron ser las más votadas. Se aplican, en cambio, las propuestas de un partido que con un sólo diputado contribuye a investir al Presidente del Gobierno o al Presidente de una Comunidad Autónoma.

El perverso sistema electoral proporcional permite que con el cinco o el seis por ciento de los votos, las propuestas del partido minoritario se impongan a las propuestas electorales del partido al que han votado el treinta o el cuarenta por ciento de los votantes aunque sean totalmente contrarias a las propuestas del partido cuyas listas han recibido más votos.

El interés del votante y el sentido del voto no cuentan, siempre quedan subordinados al consenso, al acuerdo de reparto de los recursos de los ciudadanos y del estado al que antes o después llegan los jefes de los partidos.

La representación política queda anulada por el consenso alcanzado para formar el Gobierno o para concretar la política de ese mismo Gobierno. El sentido del voto o adhesión a la lista electoral de partido no es más que un cheque en blanco para que los partidos políticos se repartan entre sí y consensuen cualquier contenido, aunque el resultado del consenso sea contrario a lo prometido por el partido político en la campaña electoral.

Y para rematar y cerrar el círculo, por consenso de los jefes de partido se decide la composición del órgano rector de los jueces y de los tribunales de más alto nivel, que han de juzgar los excesos y las corrupciones de los gobernantes que han elegido a aquéllos: esto supone la neutralización de la independencia judicial para juzgar a los gobernantes y conlleva prescindir del antídoto institucional más eficaz contra la corrupción.

El consenso y el disenso son la piedra angular de la corrupción política y económica, las discrepancias entre los partidos políticos sobre la fórmula para repartir es la causa del disenso.

El tema catalán actual en gran medida es un disenso entre oligarquías sobre la fórmula de reparto de los recursos, provocado por la crisis económica que ha mermado estos últimos. Pasado un tiempo, y ya se oyen desde las dos alas de la oligarquía partidocrática, llegan las llamadas a recomponer el consenso bajo una nueva fórmula, incluso si es necesario troceando la unidad nacional de España bajo fórmulas federales, confederales o con otras denominaciones que se inventan tales como plurinacionalidad, multiestatalidad, etc.

Con tu voto, seas consciente o no de ello, quieras o no quieras, apoyas la forma política descrita de funcionar. Tú voto es el que legitima el Régimen político del consenso y el Estado de partidos que en España padecemos desde hace cuarenta años.

Sí hay alternativa. Las cosas pueden organizarse y funcionar de otra manera que tenga en cuenta a los votantes, cuyos intereses deben primar sobre los intereses de los que sostienen a los partidos políticos.