La mala fe de la clase gobernante y los medios de comunicación, en sus opiniones sobre la Santa Transición y los acontecimientos diarios que traen causa de ella, solo está superada por la absoluta ignorancia de lo que es libertad política y democracia formal. Ni siquiera saben cuales son las reglas de la democracia electoral. Cuando aciertan en sus criterios, sobre algún caso particular, no es por razón de verdad o de justicia, sino por interés de partido.
Los resultados de las elecciones navarras ilustran el desconcierto que se apodera de las opiniones cuando, al no alcanzar la mayoría absoluta algún partido, se hace necesario componer un gobierno de coalición. Nadie analiza la situación desde el punto de vista de las exigencias de la democracia electoral. Todos sucumben ante la perspectiva de la coalición de sus preferencias, pretendiendo el absurdo de atribuir su arbitrario criterio a la voluntad general de unos votantes que, sin poder elegirlo, decidieron no obstante cual debería ser el gobierno legítimo de la Autonomía de Navarra.
Unos votantes tan sapientes de ciencia infusa que, sin necesidad de ponerse previamente de acuerdo, han manifestado su voluntad común de que no haya mayoría absoluta y de que, por lo tanto, el partido gubernamental UPN abandone el poder, o se alíe con otro partido para formar un nuevo gobierno. Ni siquiera Rousseau se atrevió a deducir la voluntad general a partir de una votación que no estuviera precedida de una deliberación asamblearia. Al parecer las urnas españolas convierten el acto individual de votar, no en una simple suma de votos a cada partido, sino en un acto colectivo de decisión política. Mezcla de magia y superstición.
El origen del desconcierto actual proviene de la creencia, fortalecida con los corruptos o despóticos gobiernos de mayoría absoluta de Gonzáles y Aznar, de que las mayorías absolutas son malas para la democracia, cuando son su condición sine qua non. Desde luego, son malísimas en las partitocracias, pues rompen el consenso que las sostiene. Pero indispensables en la democracia gubernamental y en la electoral. Aunque no siempre coincidan, como sucede en Francia, donde existe la segunda y no la primera.
Las urnas de Navarra han producido una mayoría simple, que no puede gobernar, y tres mayorías absolutas de potencial Gobierno. Y la opinión carece de criterios objetivos para saber cual de las tres coaliciones posibles de gobierno, es la más conveniente para la Autonomía de Navarra. Pues aunque no exista democracia en España, eso no quiere decir que los partidos sean libres de pactar a su antojo los gobiernos de coalición.
Aun sin democracia, rige el principio de lealtad a los votantes. Que se traduce en la obligación ética y política de gobernar con la coalición que menor decepción cause al mayor número de votantes y a los intereses objetivos de Navarra, puesto que todos los partidos dicen que defienden su autonomía.
La menor decepción sería un gobierno de coalición UPN-Nafarroa-Bai, puesto que son los dos partidos más votados. Si el programa gubernamental de UPN no es aceptado por el nacionalismo vasco-navarro del segundo partido en votos, entonces, y solo entonces, estaría justificada la formación de una coalición gubernamental con el PSN-PSOE.
Y si este partido tampoco acepta la alianza gubernamental con la UPN, prefiriendo, como parece lo más probable, una coalición de gobierno con Nafarroa Bai, entonces, y solo entonces, el partido más votado debe aceptar su derrota por los intereses de partido, y denunciar ante la opinión pública que la coalición del nacionalismo vasco-navarro con el PSN-PSOE es la peor de las combinaciones de Gobierno para Navarra, por razones evidentes.
En primer lugar, esa coalición subordina los intereses de Navarra a las respectivas ambiciones del PNV, en el País Vasco, y del PSOE, en el resto de España, para que éste a cambio de seguir gobernando con el apoyo de los nacionalismos periféricos, ponga alas a la expansión del idealismo anti-español. En segundo lugar, esta coalición no pondría nada en común de tipo programático, pues lo único que la consolidaría es la mutua ambición de ocupar y repartirse los cargos estatales para explotar el botín autonómico.
