JOSE JUAN MARTINEZ NAVARRO.
Uno se defenestró, otro se quemó a lo bonzo y otro se colgó de la lámpara del techo. Los mártires han conseguido paralizar los mal llamados desahucios (que es como los periodistas, por lo común poco rigurosos, llaman al desalojo de la vivienda, consecuencia de la ejecución hipotecaria).
No sé si la despótica Ley 10/2012 de 20 de Noviembre, las inicuas tasas judiciales del inefable Gallardón, causará similar efecto entre los que nos dedicamos a la práctica del Derecho en el foro, bien como abogados bien como procuradores. El caso es que si no empezamos a colgarnos alguno de nosotros, es más que posible que muchos empecemos a colgar, al menos, la toga y que quiebre Gavilanes.
Uno, que no hace mucho caso de los medios, oía hablar de las tasas judiciales como una música lejana, como un eco cavernario, como una estúpida declaración de (malas) intenciones que nunca debieron pasar de ese estadio mental, que nunca debieron pasar de ser eso, un despropósito en la mente de un ministro que, aquejado de no sabría precisar qué insania mental, nunca se halla cómodo en el puesto que ocupa, febril por la ambición asintótica de alcanzar algún día la presidencia del gobierno.
Pero este ministro con cara de empollón de colegio de curas ha cumplido, tras una tramitación parlamentaria motorizada, su amenaza disfrazada de mentira y demagogia, reeditando la actitud prepotente de su ex jefe Aznar, cuando metió a España en aquella –como todas- malhadada guerra, es decir, hacer lo que le salga de su entrecejo autoritario aun en contra de la opinión de todo un país, aun en contra de la opinión de toda una profesión.
El caso es que aquí, raro lector, se plantea la muy posible circunstancia de que, como no seas un rico al que todo se la trae al fresco o duermas en el cajero de un banco abrazado a un cartón de vino, cualquier pleito que tuvieras, por pequeño que sea, llegue a suponerte aquello de que te cueste más el arroz que el pollo. Y es que, claro, lo sabe todo quisqui, pudiera pasar que en tu litigio, aún teniendo la razón e incluso sabiéndola pedir un magnífico abogado como el que suscribe, el juez (que no es infalible) termine por no dártela. Podrás entonces enfadarte y no pagarle a tu letrado (acostumbrados estamos) pero del tasazo no te libra nadie. Ítem más, ganando incluso, el vencido en pleito pero insolvente –pan nuestro de cada día- tampoco te va a reintegrar la tasa, acabáramos.
Habida cuenta que los anunciados recursos/cuestiones de inconstitucionalidad no van a solucionar este dislate mañana, una solución propongo (ya que hablé del derecho de resistencia la otra vez que pasé por aquí): que todos los abogados que estamos en el Turno luchando cada día (y casi gratis, cuando no nos cuesta el dinero) por el derecho de defensa nos diésemos de baja, todos a una, que diría el clásico, a ver si consiguiéramos así que esa broma imbécil de que la justicia se encarece para hacerla más gratuita se la metiera Gallardón en el forro de su cartera ministerial.
Si alguien quisiera tener una opinión mucho más fundada que la mía acerca de las tasas judiciales, encarecidamente lo invito a que visite el blog del profesor De la Oliva (Por Derecho, se llama). Aparte de mucho rigor jurídico y mayor sentido común, se puede encontrar allí reproducida una enmienda a un proyecto de ley que propuso José María Ruiz Gallardón, diputado por Zamora en el ochenta y seis y padre de nuestro amantísimo ministro, el cual, justificaba su enmienda del modo que sigue:
“Con el fin de hacer efectivo el abaratamiento de la Justicia, no sólo es preciso suprimir las tasas y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, sino también el Impuesto sobre el Valor Añadido, que grava las actuaciones de los profesionales que intervengan en toda clase de procesos”.
Y seguimos para bingo. El pasado 29 de Noviembre el Excelentísimo Sr. Presidente del Consejo General de la Procuradores de España, en un acto público con Gallardón a su vera, definía a nuestro ministro de Justicia como “una persona valiente en unos momentos difíciles”.
En fin, que el milenarismo va a llegar (Arrabal dixit) con casi trece años de retraso.
