La Fiscalía Anticorrupción, dependiente del Fiscal General del Estado, y este a su vez del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, nombrado por Mariano Rajoy, investiga a Bankia por estafa y falsedad documental, administración desleal, delito societario y apropiación indebida. La salida a bolsa y la fusión previa con las otras cajas de ahorro quebradas está en el punto de mira, pues quieren saber quien se llevó los 23.500 millones de euros que ahora necesita su rescate. Las cajas fusionadas fueron Cajamadrid, Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caja Laietana, Caja Avila, Caja Segovia y Caja Rioja y en todas ellas sus directivos cobraron indemnizaciones y bonus millonarios antes de encerrar sus desastres financieros en esa caja de Pandora que fue Bankia. Por pudor, el vicepresidente de Bankia, Francisco Pons, ha renunciado a la indemnización, pero Rodrigo Rato sigue empeñado en cobrar 1,2 millones de finiquito, como hicieron sus homólogos de las otras cajas.
Radio Libertad Constituyente analizó la cuestión y el abogado Antonio García Trevijano recordó que al judicializar Bankia, ocurrirá lo mismo que ya sucedió con Caja Castilla la Mancha, que aun hoy, después de ser intervenida, aún no ha dilucidado sus responsabilidades, que quedan “congeladas” hasta la resolución judicial y sus más que probables recursos. Aún queda mucho tiempo, si es que se consigue, para que los banqueros devuelvan el dinero que recibieron como indemnización tras la quiebra financiera más fabulosa que ha padecido un país en el último siglo después del crack del 29 y mucho más para que alguno de ellos se siente en el banquillo. El sistema político-económico-judicial lo impide, y la actual Constitución lo consagra.
