La prioridad nacional

«La ruptura de la Monarquía, aún producida por azar, responde al progreso evolutivo que supone el paso de la “res publica”, desde su estado de homogeneidad incoherente en el Estado de Partidos, a la coherente heterogeneidad del pluralismo social, traducida en la necesidad moral de libertad política, que es precisamente la garantía institucional que presta la democracia a la República Constitucional.» Antonio García-Trevijano Forte (Azar y continuidad, 20-10-2007, artículo de su blog).

Hay expresiones cuyo éxito político depende precisamente de su indeterminación. «Prioridad nacional» es una de ellas. Su fuerza no reside en su contenido, sino en la imposibilidad de definirlo objetivamente. Como toda fórmula propagandística o demagógica, permite que cada partido proyecte sobre ella sus propios intereses mientras pretende hablar en nombre de una nación cuya voluntad, sin representación, nadie puede conocer.

Su origen contemporáneo se encuentra en los nacionalismos de carácter subjetivista, especialmente en aquellos movimientos separatistas que hicieron de la lengua el criterio constitutivo de la nación. Allí donde la nación dejó de entenderse como una realidad histórica objetiva referenciable al nacimiento del Estado, para convertirse en un sentimiento identitario, apareció la pretensión de otorgar derechos preferentes a quienes eran considerados miembros de esa comunidad imaginada. La llamada «prioridad nacional» fue, en primer lugar, una prioridad lingüística; más tarde se extendió al empleo, a las prestaciones públicas y a cualquier ámbito susceptible de ser colonizado por la política identitaria.

El error fundamental consiste en confundir la nación con una suma de preferencias sentimentales. La nación no es una cuestión de ánimo fruto de un anhelo de homogeneidad del sujeto constituyente sino de su unidad, que es distinto. De la misma forma que la democracia es consecuencia y correlato del pluralismo social, y no de la identidad excluyente. La nación es el sujeto legislador cuando dispone de instituciones capaces de expresar una voluntad general distinta de la voluntad del poder. Sin representación política efectiva, esa voluntad no existe como hecho político verificable.

Y aquí aparece el problema decisivo de la situación española. En un régimen donde los diputados dependen de las direcciones de los partidos y no de los electores; donde el ciudadano no puede elegir ni revocar a su representante; donde la disciplina partidista sustituye al juicio individual del diputado sometido al mandato imperativo de su distrito, resulta imposible afirmar cuáles son las prioridades de la nación. Lo único que puede conocerse son las prioridades de las organizaciones partidistas.

Hablar de «prioridad nacional» en estas condiciones supone atribuir a la nación una voluntad que nadie ha averiguado y que ningún procedimiento institucional permite conocer. Es una ficción útil para quienes ocupan el poder o aspiran a hacerlo, pues les permite presentar como interés general lo que no es sino el programa de una oligarquía de partidos.

La representación política no consiste en que un partido obtenga votos cada cuatro años. Consiste en que existan representantes personalmente responsables ante sus electores y capaces de expresar intereses sociales reales. Allí donde falta esa relación representativa, desaparece el único mecanismo mediante el cual podría hablarse, con propiedad, de prioridades nacionales.

Por ello, la discusión sobre la «prioridad nacional» está invertida desde su origen. Antes de preguntarse cuáles son las prioridades de la nación, habría que preguntarse si existe un régimen político capaz de conocerlas. La respuesta es negativa mientras la sociedad permanezca políticamente encapsulada por organizaciones cuya legitimidad proviene exclusivamente del aparato del Estado y no de una relación directa entre representantes y representados.

La apelación constante a la «prioridad nacional» cumple así una doble función ideológica. Conserva la herencia conceptual del nacionalismo identitario, que transforma la nación en un criterio de preferencia subjetiva, y sirve al mismo tiempo a la partitocracia para revestir de interés nacional decisiones que únicamente responden a sus propios incentivos de conservación del poder.

No existen prioridades nacionales allí donde la nación carece de voz política. Existen prioridades gubernamentales, prioridades burocráticas y, sobre todo, prioridades de los partidos. Confundir unas con otras es aceptar que quien controla el Estado puede apropiarse también del significado de la nación. La libertad política comienza precisamente donde termina esa usurpación: cuando la nación deja de ser un nombre invocado por el poder y adquiere instituciones que permitan conocer, de forma objetiva y representativa, cuál es realmente su voluntad.