La confesión involuntaria del régimen

Hay ocasiones en que la verdad se presenta disfrazada de imprudencia. El político, creyendo justificar un hecho concreto, termina desvelando la naturaleza del régimen de poder que le sostiene. Eso ha sucedido con las recientes declaraciones de Pablo Iglesias al afirmar que «los sistemas democráticos se fundamentan también en que existe una corrupción que, hasta ciertos niveles, se permite».

No importa ahora si el antiguo dirigente de Podemos pretendía hacer una observación propia de la ciencia política o una descripción pragmática de la realidad. Lo decisivo es que, sin proponérselo, ha pronunciado la sentencia más devastadora contra el régimen nacido en 1978, que se hace pasar por democracia y no lo es. Porque si la democracia necesitara una cuota aceptable de corrupción para funcionar, entonces ya no hablaríamos de democracia, sino de oligarquía, de reparto.

La democracia no admite grados de corrupción institucionalmente tolerados. Puede padecer casos aislados de delincuencia política, pero jamás puede integrarlos como elemento sistémico de su funcionamiento. Allí donde la corrupción deja de ser excepción para convertirse en mecanismo de estabilidad, el régimen de poder se constituye como medio de los intereses de una clase política organizada.

Eso es precisamente lo que ocurre en esta monarquía de los partidos. No existe en España separación de poderes, existe reparto de poderes entre partidos. No existe representación política de los ciudadanos, hay representación de las organizaciones partidistas dentro del Estado. No existe responsabilidad personal del diputado ante sus electores, rige la obediencia del diputado ante el aparato que confecciona las listas electorales. De esa estructura nace inevitablemente una corrupción que es moral antes que económica. La corrupción material aparece después.

Durante décadas se ha querido explicar cada escándalo como un accidente. Los GAL fueron un accidente. Filesa fue un accidente. Gürtel fue un accidente. Los ERE fueron un accidente. El caso Koldo fue un accidente. Ábalos sería otro accidente. Mañana aparecerá uno nuevo igualmente presentado como excepción.

Sin embargo, cuando las excepciones constituyen la continuidad histórica del régimen, dejan de ser excepciones para convertirse en sistema. La corrupción española no nace porque existan políticos inmorales, los políticos inmorales florecen porque el régimen los necesita.

Un régimen donde el poder ejecutivo domina al legislativo; donde el órgano de gobierno de los jueces depende de los partidos; donde los organismos de control son objeto de negociación partidista; donde la financiación pública garantiza la supervivencia de las oligarquías; donde el gobernado sólo puede ratificar listas elaboradas por las cúpulas; donde la corona actúa como vértice simbólico del reparto sin someterse a responsabilidad política alguna, produce necesariamente una degradación constante de la vida pública.

No porque todos sean delincuentes, sino porque ninguno responde ante quien debería responder: el ciudadano. De ahí que el mayor éxito propagandístico del régimen ha consistido en convencer a los españoles de que cambiar de partido equivale a cambiar la relación de poder, cuando es exactamente lo contrario.

Los partidos cambian para que el sistema permanezca. Unas veces gobierna la falsa izquierda oficial; otras, la falsa derecha oficial. Unas veces se denuncian mutuamente; otras negocian el reparto de instituciones constitucionales. Unas veces prometen regeneración; otras administran la misma maquinaria burocrática heredada del adversario. Pero jamás cuestionan aquello que garantiza su propia existencia: el Estado de partidos.

Por eso resulta tan significativa la frase de Pablo Iglesias. Porque procede precisamente de quien apareció prometiendo asaltar los cielos y terminó aceptando las reglas del edificio. La corrupción deja entonces de entenderse como una anomalía para convertirse en un coste de funcionamiento. Exactamente igual que una empresa incorpora pérdidas inevitables en su balance. He ahí la confesión. No es la corrupción la que sostiene la democracia. Es la ausencia de democracia la que sostiene la corrupción.

Mientras el ciudadano no pueda elegir directamente a sus representantes; mientras no exista mandato representativo; mientras el diputado deba su cargo al jefe del partido y no al elector; mientras el Gobierno controle de hecho al Parlamento; mientras la Justicia dependa de cuotas políticas; mientras el Estado continúe confundido con los partidos que lo ocupan, la corrupción será un fenómeno recurrente, independientemente de quién gane las elecciones.

España lleva medio siglo intentando moralizar una estructura inmoral. Es una tarea imposible. La corrupción no desaparecerá mediante códigos éticos, oficinas de transparencia o agencias anticorrupción. Desaparecerá cuando deje de ser rentable. Y sólo dejará de ser rentable cuando exista una auténtica democracia política fundada en la separación de poderes, en la representación efectiva de los ciudadanos y en el control permanente de los gobernantes por la sociedad civil. Hasta entonces, cada nuevo escándalo será presentado como un episodio excepcional. Y cada nueva excepción seguirá confirmando la única regla verdaderamente estable del régimen: la supervivencia de la monarquía de partidos.

La corrupción no es únicamente un efecto del Estado de partidos; es uno de sus instrumentos de gobierno. Los regímenes oligárquicos no se sostienen exclusivamente mediante la legalidad. Necesitan, también, redes de dependencia, complicidad y reciprocidad entre quienes ocupan el poder. La corrupción crea lealtades más fuertes que las convicciones, porque quien participa de ella deja de pertenecer al ámbito de la responsabilidad política para ingresar en el de la mutua protección.

Por eso, los grandes escándalos rara vez producen una transformación institucional. Producen relevos personales. Caen unos para preservar el sistema que permitió su caída. Se sacrifica al hombre para salvar el mecanismo.

La corrupción desempeña así una doble función política. Por un lado, financia de manera directa o indirecta la expansión del poder de los partidos sobre la sociedad civil. Por otro, convierte a una parte de la clase dirigente en rehén de sus propias responsabilidades, haciendo de la obediencia una necesidad de supervivencia. Quien sabe demasiado difícilmente puede rebelarse; quien debe demasiado difícilmente puede ser independiente.

De este modo, la corrupción deja de ser un accidente administrativo para convertirse en un factor de gobierno. No constituye un fallo del régimen, sino uno de los elementos que garantizan su estabilidad. La alternancia electoral modifica los beneficiarios de la red, pero no la existencia de la red misma.

Ésta es la diferencia entre una democracia formalmente degradada y una oligarquía de partidos: en la primera, la corrupción amenaza al sistema; en la segunda, que es nuestro caso, el régimen administra la corrupción como un recurso más de su propia conservación.