La reciente eliminación de la magistrada de enlace en Suiza por decisión del Ministerio de Justicia es la manifestación visible de una contradicción: demuestra la imposibilidad de que exista una verdadera independencia judicial mientras subsista un Ministerio de Justicia con capacidad para intervenir en la organización, promoción, nombramientos y relaciones internacionales de la judicatura.
El debate público se ha centrado en las circunstancias concretas del cese de la magistrada encargada de la cooperación judicial con las autoridades suizas. Sin embargo, el problema de fondo no es quién ha sido cesado ni en qué momento. El verdadero escándalo es que el poder ejecutivo disponga de instrumentos para actuar sobre estructuras que afectan directamente al funcionamiento de la Justicia.
La mera existencia de un Ministerio de Justicia es incompatible con la independencia de la función jurisdiccional del Estado. La Justicia no puede ser objeto de administración gubernamental, porque deja inmediatamente de ser independiente para convertirse en un servicio del poder político. Un gobierno puede administrar carreteras, hospitales o infraestructuras. Pero no puede administrar la Justicia sin comprometer su neutralidad. ¿Cómo puede ser independiente aquello cuya organización, presupuesto, relaciones exteriores y estructura profesional están sometidas a decisiones políticas?
La noticia relativa a la magistrada de enlace en Suiza vuelve a poner de manifiesto esa anomalía. No es necesario demostrar que exista una intención concreta de obstaculizar investigaciones. Basta constatar que el Gobierno posee los mecanismos para alterar la estructura institucional en la que dichas investigaciones se desarrollan. La mera existencia de esa capacidad constituye ya una lesión al principio de independencia.
Los defensores del régimen argumentan que todas las decisiones se adoptan conforme a la legalidad. Pero la cuestión no es jurídica. Es política. En las dictaduras también existen procedimientos legales. Lo decisivo es determinar si las instituciones están diseñadas para impedir que el poder influya sobre quienes deben controlarlo.
La independencia judicial no consiste en que los jueces sean personas honorables. Consiste en que ningún gobernante tenga capacidad para premiarlos, castigarlos, promocionarlos, trasladarlos o alterar las estructuras de cooperación de las que dependen determinadas investigaciones. Cuando tales facultades existen, la independencia deja de ser una garantía institucional para convertirse en una esperanza moral.
España arrastra desde la Transición un error originario que nunca ha sido corregido. La Constitución no estableció una verdadera separación de poderes ni la independencia de la Justicia. Estableció una distribución funcional entre órganos cuyos vértices terminan siendo ocupados, directa o indirectamente, por los partidos políticos. El Ministerio de Justicia es uno de los símbolos más evidentes de esa confusión.
En una democracia representativa, el poder judicial debe gobernarse exclusivamente a sí mismo, con plena autonomía presupuestaria, orgánica y funcional. Ningún ministro puede tener competencia alguna sobre los instrumentos mediante los cuales se desarrolla la actividad jurisdiccional. La cooperación judicial internacional, especialmente en asuntos relacionados con la corrupción política, la financiación irregular o los delitos económicos transnacionales, debe encontrarse completamente blindada frente a cualquier decisión gubernamental.
Por ello, el cese de una magistrada de enlace no debe analizarse únicamente como una decisión particular. Debe contemplarse como un síntoma de una enfermedad institucional mucho más grave. Mientras exista un Ministerio de Justicia con capacidad para intervenir en ámbitos que afectan al funcionamiento efectivo de los tribunales, la independencia judicial será una declaración retórica y no una realidad política. La libertad no depende de la buena voluntad de quienes gobiernan. Depende de que carezcan de medios para interferir en la acción de quienes deben juzgarlos. Allí donde existe un Ministerio de Justicia, el poder judicial nunca deja de estar bajo tutela. Y donde hay tutela, no hay independencia; donde no hay independencia, no existe control efectivo del poder; y donde el poder carece de control, la libertad política acaba siendo una ficción.
